Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos

Boletín de prensa de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH)
Caso Acteal: No hay justicia en México, la impunidad se ratifica
A diez años de Acteal, 29/10/2007

La falta de independencia del Poder Judicial: las dificultades en el acceso a los tribunales de los sectores sociales más desfavorecidos y su uso interesado por representantes gubernamentales han provocado una profunda desconfianza hacia la Justicia. Con frecuencia jueces y tribunales se pliegan a las exigencias gubernamentales al decidir sin fundamento suficiente el encarcelamiento de los líderes de organizaciones y movimientos sociales, tanto indígenas como no indígenas. Existen pues, en tal sentido, presos políticos. Diez años después de Acteal sigue siendo necesario recordar la matanza, sus causas y protagonistas.

La tarea de evitar nuevos Acteales pasa por la pervivencia de la lucha contra la impunidad entendida en sentido amplio: ninguna vulneración de derechos sociales, culturales, económicos, políticos y civiles debería quedar sin respuesta.

Por ello, la CCIODH interpela a todos los actores sociales y políticos, tanto mexicanos como internacionales, a que ejerzan una función activa de control y supervisión de la actuación de los poderes tanto públicos como privados. En este sentido, la Comisión hace público su compromiso de mantenimiento de la labor de observación civil iniciada hacer ya cerca de diez años.

Por diferentes noticias de prensa, se ha filtrado la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará a favor este miércoles día 12 sobre el recurso presentado para revisar los expedientes de 57 personas condenadas por la masacre de Acteal, recurso que permitirá la puesta en libertad de 40 de estas personas por considerar que fueron juzgados y condenados sin garantías a sus derechos y con graves irregularidades..
El día 16 de enero de 1998 el Parlamento europeo hizo pública la siguiente declaración: "La protección de los derechos humanos en México se debilita por el hecho de que tantos autores de graves violaciones queden impunes", referido al caso Acteal. Sorprende cuando no indigna que 11 años después la resolución de la Suprema Corte resuelva que 40 de los condenados por la masacre puedan quedar en libertad por defectos de forma.
Como hemos podido obsevar y dictaminar en nuestra experiencia de más de diez años sobre la observación de los derechos humanos en México, es esta una norma. Las dificultades sobre el debido proceso ocurren con toda normalidad en la mayoría de los casos: Chiapas, Atenco, Oaxaca, Guerrero, etc... No son condición para que la justicia dictamine en su contra y revoque las sentencias que se han dado bajo estas condiciones. Incluso los dictámenes de la Suprema Corte así lo han mantenido en la mayoría de sus resoluciones ratificando la impunidad y la subordinación de la justicia a los intereses políticos. Baste recordar su resolución sobre el caso Atenco como antes los casos de Lydia Cacho o las controversias constitucionales sobre la Ley Indígena, corroborando la falta de independencia judicial con respecto al poder político.
La masacre de Acteal impactó al mundo por la gravedad de los hechos ocurridos. La lucha por señalar y llevar ante los tribunales a los responsables intelectuales de la masacre ha sido una constante durante estos años, la falta de realización de órdenes de captura, la no localización de las armas con las que se cometieron los crímenes de les humanidad, el no rpocesamiento de los responsables políticos de la masacre, tanto por parte de las Abejas como de las organizaciones nacionales e internacionales no ha cesado en estos años.
La Corte aceptó la investigación sobre estos hechos con argumentos que se vuelven en su contra. Es verdad que las investigaciones en México, como norma, se hacen sin respeto a las reglas de obligado derecho. Es verdad que no hubo traductores pero en ningún caso exculpa por gran cantidad de pruebas y testimonios que señalan que ellos fueron actores de los crímenes por los que fueron juzgados y condenados. En otros casos tanto la SCJN como los tribunales estatales y federales no han aceptado estos argumentos, baste recordar el caso de los indígenas de Bachajón o los condenados por el caso Atenco. ¿Porqué este doble rasero de la justicia?
La Comisión puede demostrar que la respuesta no sé da tanto en el ámbito jurídico como en el político, acostumbran a ser razones de índole distinta a las jurídicas las que explican sentencias de este tipo. La puesta en libertad de los inculpados por la masacre implicará el aumento del miedo sobre las personas sobrevivientes, puesto que retornarán a sus poblaciones de origen aunque las armas con las que se realizó el crimen no hayan sido encontradas.
Los grupos que hoy apoyan esta resolución en Chiapas, conforman nuevas alianzas en una situación explosiva, se alian con los podereres locales, estatales y federales, herederos de los grupos paramilitares, nunca reconocidos en las investigaciones de la PGR, que suponen una alerta ante situaciones de violencia bajo el amparo institucional y con el beneplácito de sentencias como la que nos ocupa. En resumen, una situación de impunidad agravada bajo sentencias judiciales cuya misión debería ser la contraria: dar garantías y seguridad a las personas y comunidades afectadas por esta violencia como es el caso emblemático de Acteal.
Los sobrevivientes de Acteal se niegan a reconocer como cerrado el caso en la medida en que no han sido juzgados los responsables intelectuales de la masacre y se encuentran hoy con que la Suprema Corte, lejos de investigar estos hechos, reconocen como inocentes a 40 personas que han sido inculpados y juzgados como autores por parte de las víctimas.
Sorprende que tanto la PGR como los grupos parlamentarios respondan con urgencia que acatarán la sentencia y justifican como graves los hechos ocurridos, mientras que ante otros hechos como lo fueron el caso Atenco y los que ocurren constantemente en Chiapas y en otros estados de la República no hayan manifestado la misma preocupación. Los procedi,miemtos de justicia en México son cuestionados por la mayoría de organizaciones de derechos humanos tanto a nivel nacional e internacional.
No esperamos actos de justicia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero sí alertamos sobre las consecuencias de sus decisiones. Consecuencias que ponen en cuestión el estado de derecho y que corroboran los caminos hacia la impunidad de los autores de tales delitos mientras dejan en la indefensión a las víctimas. Lamentamos que así cocurra y mantenemos nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos en contra de la utilización política de estos.
Barcelona, a 7 de agosto de 2009