De la redacciónMéxico DF, 3 agosto. (CIMAC).- El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas denunció que en Comitán, Chiapas, las campesinas que venden productos agrícolas en canastos o morrales (por lo cual se les conoce como canasteras) afuera de la Central de Abastos 28 de Agosto, o a pie por las calles de la ciudad, han sufrido represión policíaca luego de que pidieron al municipio les destine un área para su actividad.
En abril de este año, cerca de dos mil 500 campesinas canasteras se movilizaron, con marchas
y plantones, para solicitar al presidente municipal les permitiera realizar su actividad en una área ubicada detrás de la Bodega Aurrerá (entre la 9ª. Calle Sur Poniente y 10ª. Calle), por no existir espacios disponibles en la Central de Abastos y ser rechazadas por los locatarios debido a los bajos precios con que ofertan sus mercancías.
La presión ejercida obligó al edil Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, señala el Centro en un
comunicado, a instalar una mesa de negociación sin que hasta la fecha exista una respuesta
favorable a las demandas que se le plantearon.
Por el contrario, denuncia el Centro, el presidente ha apostado al desgaste de este sector
de la población, reprimiendo, mediante el empleo de la fuerza pública, la lucha que han emprendido no sólo para que se les permita establecerse en un lugar digno, sino también para que se les garantice el derecho a trabajar.
Se viola principio de Ley
Bajo una concepción teórica, señala el Centro, el municipio es libre en su administración y se le
concibe como la base de la división territorial y de la organización política y administrativa.
La Ley Orgánica Municipal para Chiapas señala que el Municipio tiene la obligación de implementar planes y programas de desarrollo acordes con las leyes de la materia, que permitan el aprovechamiento de sus recursos así como la promoción e impulso de las actividades económicas que tienen lugar en su espacio geográfico.
Las autoridades municipales, en ocasiones, hacen uso de su poder para restringirle a la
ciudadanía su derecho a exigir ciertos espacios para desarrollar actividades económicas tanto
primarias como secundarias, lo cual trae como consecuencia el descontento de los grupos
vulnerables que se manifiestan en espera de justicia.
El Presidente Municipal de Comitán de Domínguez, recuerda el Centro, dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2008-2010, en el rubro de Abasto Municipal, hace un reconocimiento expreso de la existencia de las canasteras. Y el artículo 13 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2009, de Comitán, establece en el rubro de comercio ambulante una cuota que oscila entre los cuarenta y cincuenta pesos.
Por lo tanto, se pregunta el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas en su comunicado, si las canasteras tributan al municipio, ¿no tendría la obligación de proveerles espacios dignos que les permitan disfrutar de un ambiente favorable de trabajo?
Desconocen derechos
Ante este panorama, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas responsabiliza a las autoridades municipales de la serie de arbitrariedades que se han cometido en contra de este grupo de mujeres, que pueden considerarse como violaciones a los derechos fundamentales, desde la libertad de expresión, de reunión, hasta la libertad para desempeñar un trabajo, reconocidos no sólo en nuestra Carta Magna sino también en documentos internacionales.
En este sentido, el artículo 21 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre garantiza el derecho de reunión pacífica en manifestación pública cuando se persigue un interés legítimo de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional o de cualquier otro orden, tal y como lo han hecho las canasteras, quienes en respuesta han encontrado represión.Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el Artículo 45 que "El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que… aseguren la vida y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia…", de ahí que sea cuestionable la manera de actuar de las autoridades municipales, ya que dejan de lado la aplicación de los derechos imprescindibles con acciones injustificadas que transgreden a grupos dedicados a trabajar de manera honesta.
En consecuencia, exige el Centro a las autoridades municipales comitecas dar pronta respuesta a las demandas de las canasteras, por tener una relación directa con la población, y, por ello, en un primer momento, deben dar solución inmediata a las necesidades de la población, garantizando siempre el pleno cumplimiento de los derechos fundamentales.
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