CCIODH indigana contra la SCJN

Gabriela Coutiño

San Cristóbal de las Casas, Chis. 7 de agosto.- La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), organismo internacional compuesto por activistas europeos lanzó duras críticas al sistema judicial mexicano, luego de que la corte de justicia filtrara a la prensa que se propone otorgar amparo para que se liberen a 40 indígenas tzotziles presos por su presunta responsabilidad en la masacre de Acteal.

“Indigna que 11 años después, la resolución de la Suprema Corte resuelva que 40 de los condenados por la masacre puedan quedar en libertad por defectos de forma”, dijo el organismo en un comunicado de prensa.

La ONGs consideró que la resolución de la corte la cual fue filtrada a la prensa, pone en evidencia la falta de independencia del poder judicial mexicano, “las dificultades en el acceso a los tribunales de los sectores sociales más desfavorecidos, y su uso interesado por representantes gubernamentales han provocado una profunda desconfianza hacia la Justicia”.

Los activistas europeos que han venido trabajando en la observación de los derechos humanos en México a lo largo de 10 años, manifiesta su sorpresa e indignación por la falta de justicia en el caso, y señala que aún cuando es verdad que en México las investigaciones como norma, se hacen sin respeto a las reglas de obligado derecho, en el caso de Acteal, “es verdad que no hubo traductores pero en ningún caso exculpa por gran cantidad de pruebas y testimonios que señalan que ellos fueron actores de los crímenes por los que fueron juzgados y condenados”.

De acuerdo al organismo “la puesta en libertad de los inculpados por la masacre implicará el aumento del miedo sobre las personas sobrevivientes, puesto que retornarán a sus poblaciones de origen aunque las armas con las que se realizó el crimen no hayan sido encontradas”.

Según el organismo, los grupos que hoy apoyan esta resolución en Chiapas, “conforman nuevas alianzas en una situación explosiva, se alían con los poderes locales, estatales y federales, herederos de los grupos paramilitares, nunca reconocidos en las investigaciones de la Procuraduría General de la República, que suponen una alerta ante situaciones de violencia bajo el amparo institucional y con el beneplácito de sentencias como la que nos ocupa”.

En resumen, considera que una situación de impunidad agravada bajo sentencias judiciales cuya misión debería ser la contraria: dar garantías y seguridad a las personas y comunidades afectadas por esta violencia como es el caso emblemático de Acteal.