Ángeles Mariscal.Tuxtla Gutiérrez, Chis., 05 de marzo. El gobernador Juan Sabines Guerrero reconoció la responsabilidad del Estado y pidió “perdón público” por la denegación de justicia del crimen del líder estudiantil de 17 años, José Iván Correa Arévalo, asesinado en mayo de 1991.
Con la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los familiares de la víctima y las autoridades locales de Chiapas, llegaron a un acuerdo para llegar a una solución amistosa entre las partes.
El reconocimiento de la responsabilidad del estado y el perdón público se logró luego que el padre de la víctima, Juan Ignacio Correa López, pasó 18 años buscando el esclarecimiento del crimen y castigo a los responsables, lo que a la fecha no ha sucedido.
El 28 de mayo de 1991, Correa Arévalo, de 17 años de edad, fue privado de la vida a causa de un impacto de bala en la cabeza, cuando presuntamente se encontraba en compañía de varios jóvenes del Colegio de Bachilleres, donde estudiaban.
Según Juan Ignacio Correa, su hijo era líder del movimiento estudiantil del Colegio de Bachilleres, y por tan motivo había sido amenazado por autoridades educativas del estado, quienes buscaban acallar sus protestas a través de amenazas vertidas por grupos de “porros”.
A raíz de la muerte del joven la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, inició la averiguación previa 2062/ZC/91, misma que con el paso de los años fue archivada.
Con el auxilio de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDDH), el padre del joven logró la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, donde el organismo le asignó el número 12.642, en el que se juzgaba al Estado mexicano por la denegación de justicia a los ofendidos.
Este día las partes pactaron un acuerdo amistoso que consiste en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la negación de la justicia; perdón público; indemnización a los familiares de la víctima, y el compromiso de investigar el caso y sancionar a los culpables.
María Sirvent y Mario Solórzano, abogados de la CMDPDH, y los padres de la víctima, estuvieron presentes en el acto protocolario donde Sabines Guerrero acató la disposición de la CIDH.
María Sirvent recordó que esta no es la primera vez que el gobierno de Chiapas se ve obligado a acatar una disposición de este tipo. En el 2007 hizo lo mismo por la ejecución extrajudicial del campesino Reyes Penagos Martínez, ocurrida en septiembre de 1995 a manos de policías judiciales de Chiapas.
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