Gabriela Coutiño
Tuxtla Gutiérrez, Chis; 20 febrero.- Un grupo de 140 ex elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dados de baja por reprobar la prueba del polígrafo, y impedidos para trabajar como policías por estar boletinados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, exigieron su restitución, porque de lo contrario advirtieron, recurrirán a la huelga de hambre.
Organizados los expolicías ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar diversos actos de corrupción del exministro Amador Rodríguez Lozano, y el exdirector de la policía ministerial, Marcos Esteban Juárez Escalera, a quien acusaron de “trabajar para la delincuencia organizada”.
“A Juárez Escalera no le interesaba formar una buena policía, más bien, su intención era militarizarla para tener colaboradores que le rindieran pleitesía en lo legal e ilegal. El militar retirado ordenaba hacer detenciones, y cateos sin contar con la autorización judicial; asimismo gustaba junto con sus mas cercanos colaboradores atribuirse recompensas por más de cien mil pesos por trabajos que ni siquiera realizaba”, dijo a nombre de los expolicías, el excomandante Gregorio Camacho Lozano.
Al dar lectura a un escrito enviado al gobernador Juan Sabines, el expolicía citó varios casos de corrupción del exdirector de la policía ministerial: “Se detuvo a un militar Elvis Marcial Ruiz, instructor de los GAFES, con un vehículo robado, pero por órdenes del General Juárez Escalera fue puesto en libertad. Hacían de las suyas, organizaban los robos, y se quedaban con lo asegurado, kilos de oro, lo mismo desaparecían armas que centenarios”.
Rodeado de por lo menos 30 expolicías, Camacho Lozano recordó que el año pasado la policía ministerial aseguró dos toneladas de cocaína en la colonia Patria Nueva, “se difundió en los medios el golpea al narcotráfico, incluso los perros lo detectaron al notarse excitados, sin embargo, 10 días después el exministro Amador Rodríguez Lozano, y el General Juárez Escalera, dieron a conocer que era lactosa y no cocaína, no obstante el producto fue incinerado en la madrugada en las inmediaciones de Chiapa de Corzo, borrando con ello toda evidencia para realizar investigaciones posteriores”.
En un amplio escrito dirigido al gobernador Juan Sabines, y al Procurador Raciel López Salazar, los expolicías señalan que la prueba del polígrafo fue un mero pretexto para deshacerse de personal que por varios años venían prestando sus servicios como policías ministeriales.
Y es que, revelan que las personas (dos hombres y una mujer) encargadas de realizarles el examen de polígrafo fueron encontrados en condiciones inapropiadas en un cuarto de un auto hotel, tomados, drogados y sin ropa, “no aparecían y tenían que realizar los exámenes correspondientes, y fue en ese estado que nos hicieron preguntas incoherentes que no tenían el propósito de saber sí se estaba involucrado con la delincuencia organizada o no”.
“Sorpresivamente fuimos despedidos supuestamente por reprobar la prueba del polígrafo, experimento que no tiene sustento jurídico, y no es una prueba contundente para demostrar la culpabilidad de un individuo, lo que buscaban, era privarnos de nuestros derechos laborales”, señaló el excomandante.
Los policías despedidos solicitaron al gobernador su intervención para ser restituidos como policías ministeriales y de ser posible, les sea reparado los daños cometidos por su despido.
Explicaron que a pesar de las condiciones salariales precarias, de los riesgos, limitaciones de recursos materiales para desempeñar sus labores de investigación, cumplieron con su trabajo dentro de la legalidad, y “no tuvimos relación con personas que actúan al margen de la ley”. La mayoría de los policías despedidos cuentan con 10, 15 y 28 años de antigüedad.
Tuxtla Gutiérrez, Chis; 20 febrero.- Un grupo de 140 ex elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dados de baja por reprobar la prueba del polígrafo, y impedidos para trabajar como policías por estar boletinados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, exigieron su restitución, porque de lo contrario advirtieron, recurrirán a la huelga de hambre.
Organizados los expolicías ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar diversos actos de corrupción del exministro Amador Rodríguez Lozano, y el exdirector de la policía ministerial, Marcos Esteban Juárez Escalera, a quien acusaron de “trabajar para la delincuencia organizada”.
“A Juárez Escalera no le interesaba formar una buena policía, más bien, su intención era militarizarla para tener colaboradores que le rindieran pleitesía en lo legal e ilegal. El militar retirado ordenaba hacer detenciones, y cateos sin contar con la autorización judicial; asimismo gustaba junto con sus mas cercanos colaboradores atribuirse recompensas por más de cien mil pesos por trabajos que ni siquiera realizaba”, dijo a nombre de los expolicías, el excomandante Gregorio Camacho Lozano.
Al dar lectura a un escrito enviado al gobernador Juan Sabines, el expolicía citó varios casos de corrupción del exdirector de la policía ministerial: “Se detuvo a un militar Elvis Marcial Ruiz, instructor de los GAFES, con un vehículo robado, pero por órdenes del General Juárez Escalera fue puesto en libertad. Hacían de las suyas, organizaban los robos, y se quedaban con lo asegurado, kilos de oro, lo mismo desaparecían armas que centenarios”.
Rodeado de por lo menos 30 expolicías, Camacho Lozano recordó que el año pasado la policía ministerial aseguró dos toneladas de cocaína en la colonia Patria Nueva, “se difundió en los medios el golpea al narcotráfico, incluso los perros lo detectaron al notarse excitados, sin embargo, 10 días después el exministro Amador Rodríguez Lozano, y el General Juárez Escalera, dieron a conocer que era lactosa y no cocaína, no obstante el producto fue incinerado en la madrugada en las inmediaciones de Chiapa de Corzo, borrando con ello toda evidencia para realizar investigaciones posteriores”.
En un amplio escrito dirigido al gobernador Juan Sabines, y al Procurador Raciel López Salazar, los expolicías señalan que la prueba del polígrafo fue un mero pretexto para deshacerse de personal que por varios años venían prestando sus servicios como policías ministeriales.
Y es que, revelan que las personas (dos hombres y una mujer) encargadas de realizarles el examen de polígrafo fueron encontrados en condiciones inapropiadas en un cuarto de un auto hotel, tomados, drogados y sin ropa, “no aparecían y tenían que realizar los exámenes correspondientes, y fue en ese estado que nos hicieron preguntas incoherentes que no tenían el propósito de saber sí se estaba involucrado con la delincuencia organizada o no”.
“Sorpresivamente fuimos despedidos supuestamente por reprobar la prueba del polígrafo, experimento que no tiene sustento jurídico, y no es una prueba contundente para demostrar la culpabilidad de un individuo, lo que buscaban, era privarnos de nuestros derechos laborales”, señaló el excomandante.
Los policías despedidos solicitaron al gobernador su intervención para ser restituidos como policías ministeriales y de ser posible, les sea reparado los daños cometidos por su despido.
Explicaron que a pesar de las condiciones salariales precarias, de los riesgos, limitaciones de recursos materiales para desempeñar sus labores de investigación, cumplieron con su trabajo dentro de la legalidad, y “no tuvimos relación con personas que actúan al margen de la ley”. La mayoría de los policías despedidos cuentan con 10, 15 y 28 años de antigüedad.
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