Los juzgados indígenas en Chiapas

Carlos Herrera

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 19 de enero. Con la capacidad para juzgar sobre problemas familiares, separación de parejas y hasta el robo de una gallina o de un caballo, los Juzgados de Paz y Conciliación Indígenas han realizado una trabajo aceptable y reconocido por los habitantes de los municipios indígenas en donde funcionan.

Creados la mayoría de ellos en el periodo del gobernador Roberto Albores Guillén (1999) pero sin que tuviera el reconocimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), existen 21 Juzgados de Paz en igual número de municipios indígenas de las zonas Altos, Selva y Norte de Chiapas.

Los Juzgados están en los municipios de Altamirano, Ángel Albino Corzo, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Monte Cristo de Guerrero, San Andrés Duraznal, Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, San Juan Cancuc, San Andrés Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, San Juan Chamula, Santiago El Pinar, Tenejapa, Zinacantan, Huixtán y Pantelhó, que dependen del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas, instancia que también vigila el trabajo de los jueces.

“Las autoridades tradicionales, quienes ancestralmente han aplicado los usos, costumbres y tradiciones de sus comunidades en la solución de conflictos internos, serán auxiliares de la administración de justicia y sus opiniones serán tomadas en cuenta”, refiere la ley que crea dichos juzgados.

Para don Alberto López López, Juez de Paz en Amatenango del Valle, quien fue electo por medio de un plebiscito realizado en noviembre pasado en dicho lugar, la aplicación de la justicia en los pueblos indígenas se entiende a partir de los usos y costumbres, “no es más que dar la razón a quien la tiene”.

“Aquí en el juzgado vemos cómo se resuelven los problemas, de hombres con sus mujeres, a veces se quieren divorciar o separar, o también por el pago de pensión alimenticia, entre otros;

si no se resuelve lo pasamos con el juez tradicional y con los regidores”, refiere en entrevista el indígena tseltal.

En los municipios indígenas la importancia de un cargo radica más por la cuestión de servir al pueblo y no tanto por tener un sueldo o poder político, de hecho don Alberto López, quien tomó posesión del cargo el 5 de enero de este año, aún no sabe ni cuánto va tener de salario mensual, pero eso no le importa mucho y sólo responde que “falta arreglar unos papeles para que paguen el sueldo”.

En el Juzgado de Paz del municipio de Amatenango del Valle, el Juez de Paz no cobra multas (eso le corresponde a los dos jueces tradicionales), los juicios son orales y en lengua tseltal; el veredicto del Juez de Paz tiene que ser avalado por los jueces tradicionales y regidores; los expedientes son a lo mucho cuatro hojas y en ocasiones hay casos que requieren ser atendidos en lengua español.

Según explicó a este reportero el Secretario del Juzgado de Paz de Amatenango, Fernando Arroyo Fuentes, las víctimas o los acusados de algún delito normalmente no son asistidos por abogados, ya que son los familiares quienes los defienden, con lo que se ahorran miles de pesos en estos juicios.

Y es que los casos que se presentan ante los Juzgados son más que nada delitos menores, incluido lo que son denuncias por robo de animales domésticos, pero si resulta ser un delito grave se tiene que remitir el problema al Ministerio Público de Teopisca y éste a los jueces de San Cristóbal.

“La gente de estos municipios, personas de muy escasos recursos, se ahorra mucho dinero en un juicio, contrario a lo que pasa en las ciudades donde la gente gasta mucho dinero en un proceso judicial”, señaló.

Pero don Alberto López López menciona qué es lo más importante del funcionamiento de un Juzgado de Paz: el que se busque por sobre todo que sea una reconciliación y que sea aceptada por ambas partes, “aunque en algunos casos no respetan y tienen también la libertad de acudir a otras instancias”.

En tanto que el indígena Mariano López Pérez, Fiscal de Justicia Indígena, informó que los juicios orales con los que se resuelven los problemas en los pueblos indígenas, son un paradigma de la justicia, pues normalmente en un mismo día hay una solución, “así se lleven ocho horas dialogando”.

Sin embargo, reconoce que hace falta realizar más reformas para mejorar la impartición de justicia; se tiene que establecer los límites entre los derechos de una comunidad o de un pueblo y las garantías individuales, para que la comunidad no esté por encima de los derechos universales del ser humano.

Por ejemplo, cuando un indígena no asiste a las asambleas de su comunidad, se le sanciona, “y esto en el Derecho Positivo no se considera como una conducta sancionable”, reflexiona el Fiscal Indígena, pero si se analiza a fondo sí puede considerar como una conducta antisocial pues no se atiende el bien común.

Explicó que a pesar de los intentos que se han hecho en Chiapas, a la fecha no se ha logrado dichas reformas, “lo que no significa que los Juzgados de Paz y Conciliación no estén funcionando. No, al contrario hemos logrado hacer acuerdos internos y trabajamos perfectamente”, mencionó.

Dijo que estas reformas son necesarias porque hay jueces tradicionales que aplican multas a su libre albedrío, “habría que reglamentar que fueran conforme al salario mínimo que tiene el acusado”, pues hay jueces que argumentando usos y costumbres a veces sus soluciones están fuera de la realidad.

En entrevista, recordó que luego de los primeros acuerdos de San Andrés Larráinzar, entre el gobierno federal y el EZLN, el gobierno de Chiapas hizo algunas reformas y se crea la figura de los Juzgados de Paz y Conciliación reconocidos legalmente por el Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas.

A estos Juzgados se les dotó de infraestructura, de personal, se capacitó a los jueces de paz en asuntos legales, se creó la Sala Regional como segunda instancia de los juzgados, se creó la subprocuraduría de justicia indígena y los jueces comenzaron a percibir un sueldo por parte del Tribunal de Justicia.

Pero con el tiempo desapareció la Sala Regional Indígena porque “los juicios son orales y su resolutivo busca reconciliar a las partes; entonces cuando concluía un juicio, estaban de acuerdo y no había impugnaciones”.

Los Juzgados de Paz y Conciliación Indígenas conocen de delitos no graves, amenazas, deudas, robo simple, violencia intrafamiliar, pero los casos graves los canalizan a la Fiscalía Indígena y allí ya se abre la averiguación correspondiente y se castiga conforme al código vigente, indicó Mariano López Pérez.

“Entre los indígenas no es tan fácil que haya corrupción, pues el Juez de Paz es nombrado en asamblea del pueblo y si no funcionan lo cambian, pero también podría haber el peligro de que su resolutivo no fuera lo suficientemente justo”, explicó, tras aclarar que eso no ha obstaculizado su funcionamiento.

Detalló que en municipios donde también hay presencia de bases de apoyo del EZLN, las comunidades zapatistas nombran a su Juez Autónomo quien normalmente tiene una buena relación con el Juez de Paz y Conciliación para que puedan coordinarse sin perder cada uno su jurisdicción.

Lo importante, reconoció, es que los juzgados zapatistas, al igual que los Juzgados de Paz, trabajan en coordinación con la Fiscalía Especial de Justicia Indígena para resolver delitos graves. "Hay un mecanismo institucional mediante el cual ellos nos invitan a conocer y resolver diversos casos", concluyó.