Lic. Jesús Rafael Aragón
Magistrado Ponente
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito,
Boulevard de Las Naciones #640,
Granja 39, Fracción A,
Fracc. Granjas del Marqués
Acapulco, Guerrero. C.P. 39890
Teléfono: (+52) (01) 744 466 43 33
Fax: (+52) (01) 744 466 19 86
Correo electrónico: jraragon@mail.scjn.gob.mx
Fecha, lugar
Respetable Magistrado Ponente,
El que suscribe y firma (poner nombre de la persona y/o organización), ciudadano (poner nacionalidad) aprovecho la oportunidad para saludarle, además de referirme en torno a los casos de Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Raúl Hernández Abundio y Romualdo Santiago Enedina, cinco defensores de derechos humanos integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), quienes están injustamente detenidos desde el 17 de abril de 2008 en el CERESO de la ciudad de Ayutla, Guerrero.
El 7 de julio pasado, los cinco detenidos acudieron ante la justicia federal, presentando el amparo N°982/2008 en contra del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende en Ayutla de los Libres, para reclamar el auto de formal prisión en su contra, por el supuesto delito de homicidio calificado cometido en agravio de Alejandro Feliciano García.
El 15 de octubre de 2008, la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, concedió el amparo a Manuel Cruz, Orlando Manzanares, Natalio Ortega y Romualdo Santiago, al dictaminar que las pruebas presentadas durante el proceso no los implicaban, por lo que ordenó su liberación.
Sin embargo, el 30 de octubre 2008, en el último día del plazo fijado para presentar apelaciones, la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso un recurso de revisión en contra del amparo concedido por la Juez Larumbe Radilla –a pesar de haber quedado totalmente evidenciado que no existen pruebas de su culpabilidad, contradiciendo el principio de buena fe que debe prevalecer en el Ministerio Público. Como resultado, los miembros de la OPIM inocentes permanecen en prisión nueve meses después de su detención y tres meses después de que se ordenó su liberación por parte de la Juez Larumbe. Me parece sumamente preocupante la decisión de la PGR de interponer este recurso de revisión.
.
Cabe recordar que la OPIM se ha destacado por su valioso trabajo de denuncia de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades civiles y militares en el municipio de Ayutla. Entre los casos más importantes que ha denunciado, se encuentra el de la violación sexual que sufrieron las indígenas, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de militares en 2002; ambos casos están en proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Asimismo, la organización denunció la esterilización forzada de 14 indígenas Me’phaa de El Camalote en 1998, caso por el cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 66/2007.
Por estas denuncias y otras en contra del gobierno federal, estatal y municipal, los líderes y miembros de la OPIM han estado sufriendo constantemente ataques y amenazas. Por ello, desde enero de 2005, los dirigentes de la organización cuentan con medidas cautelares otorgadas por la CIDH. El 27 de junio pasado, la Comisión Interamericana pidió extender dichas medidas a los cinco detenidos así como a otros integrantes de la OPIM.
Las más respetables instancias internacionales de derechos humanos, por parte de la ONU y de la OEA, así como prestigiosas organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, que declaró a los cinco detenidos como “Prisioneros de conciencia” en noviembre de 2008, están pendientes de este caso.
Actualmente, Usted tiene la importante responsabilidad de resolver el recurso de revisión presentado por la PGR. Confío en que analizará minuciosamente este caso y que resolverá con plena autonomía, sin injerencias políticas, con base en la verdad y conforme a los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.
Con todo respeto, me permito hacer las siguientes peticiones:
Al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Acapulco:
- Una resolución imparcial y apegada a derecho puesto que cinco hombres inocentes siguen privados injustificadamente de su libertad.
- Un alto a la obstrucción del proceso de liberación por parte de la PGR.
Al Poder Ejecutivo Estatal y Federal:
- La cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de los otros diez miembros de la OPIM.
- El cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para asegurar la vida e integridad personal de los miembros de la OPIM, en especial de los cinco detenidos.
Atentamente,
Nombre, Firma
Favor de enviar con copias para:
Lic. Juan Alarcón Hernández
Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum)
Avda. Juárez, Esq. Galo Soberón y Parra
Col. Centro, 39000,
Chilpancingo, Guerrero, México.
Teléfono: (+52) (01) 747 471 21 90
Fax: (+52) (01) 747 471 2190
Correo electrónico: coddehum@prodigy.net.mx
Lic. Eduardo Murueta Urrutia
Procurador de Justicia del Estado de Guerrero
Boulevard René Juárez Cisneros, esq. Juan Jiménez Sánchez,
Col. El Potrerito, C.P. 39098,
Chilpancingo, Guerrero, México.
Teléfono: (+52) (01) 747 49 4 2980
Fax: (+52) (01) 747 49 4 2981
Correo electrónico: pgj@guerrero.gob.mx
Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza
Procurador General de la República
Av. Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06500, México.
Teléfono: (+52) (01) 55 53 46 01 60
Fax: (+52) (01) 55 53 46 09 08
Correo electrónico: ofproc@pgr.gob.mx
Lic. Edmundo Román Pinzón
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero
Palacio de Justicia, Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac S/N
Col. Centro, Chilpancingo, Guerrero, México, C.P. 39000
Teléfonos: (+52) (01)747-472-2137 / 747-472-4191
Fax: (+52) (01) 747 472 4191
Correo electrónico: presidenciapje@tsj-guerrero.gob.mx
Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Mina #77, Col. Centro, Tlapa de Comonfort, Guerrero, México.
C.P. 41304
Teléfono: (+52) (01) 747 612 20
Fax: (+52) (01) 747 612 00
Correo electrónico: cdhm@tlachinollan.org
Magistrado Ponente
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito,
Boulevard de Las Naciones #640,
Granja 39, Fracción A,
Fracc. Granjas del Marqués
Acapulco, Guerrero. C.P. 39890
Teléfono: (+52) (01) 744 466 43 33
Fax: (+52) (01) 744 466 19 86
Correo electrónico: jraragon@mail.scjn.gob.mx
Fecha, lugar
Respetable Magistrado Ponente,
El que suscribe y firma (poner nombre de la persona y/o organización), ciudadano (poner nacionalidad) aprovecho la oportunidad para saludarle, además de referirme en torno a los casos de Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Raúl Hernández Abundio y Romualdo Santiago Enedina, cinco defensores de derechos humanos integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), quienes están injustamente detenidos desde el 17 de abril de 2008 en el CERESO de la ciudad de Ayutla, Guerrero.
El 7 de julio pasado, los cinco detenidos acudieron ante la justicia federal, presentando el amparo N°982/2008 en contra del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende en Ayutla de los Libres, para reclamar el auto de formal prisión en su contra, por el supuesto delito de homicidio calificado cometido en agravio de Alejandro Feliciano García.
El 15 de octubre de 2008, la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, concedió el amparo a Manuel Cruz, Orlando Manzanares, Natalio Ortega y Romualdo Santiago, al dictaminar que las pruebas presentadas durante el proceso no los implicaban, por lo que ordenó su liberación.
Sin embargo, el 30 de octubre 2008, en el último día del plazo fijado para presentar apelaciones, la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso un recurso de revisión en contra del amparo concedido por la Juez Larumbe Radilla –a pesar de haber quedado totalmente evidenciado que no existen pruebas de su culpabilidad, contradiciendo el principio de buena fe que debe prevalecer en el Ministerio Público. Como resultado, los miembros de la OPIM inocentes permanecen en prisión nueve meses después de su detención y tres meses después de que se ordenó su liberación por parte de la Juez Larumbe. Me parece sumamente preocupante la decisión de la PGR de interponer este recurso de revisión.
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Cabe recordar que la OPIM se ha destacado por su valioso trabajo de denuncia de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades civiles y militares en el municipio de Ayutla. Entre los casos más importantes que ha denunciado, se encuentra el de la violación sexual que sufrieron las indígenas, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de militares en 2002; ambos casos están en proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Asimismo, la organización denunció la esterilización forzada de 14 indígenas Me’phaa de El Camalote en 1998, caso por el cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 66/2007.
Por estas denuncias y otras en contra del gobierno federal, estatal y municipal, los líderes y miembros de la OPIM han estado sufriendo constantemente ataques y amenazas. Por ello, desde enero de 2005, los dirigentes de la organización cuentan con medidas cautelares otorgadas por la CIDH. El 27 de junio pasado, la Comisión Interamericana pidió extender dichas medidas a los cinco detenidos así como a otros integrantes de la OPIM.
Las más respetables instancias internacionales de derechos humanos, por parte de la ONU y de la OEA, así como prestigiosas organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, que declaró a los cinco detenidos como “Prisioneros de conciencia” en noviembre de 2008, están pendientes de este caso.
Actualmente, Usted tiene la importante responsabilidad de resolver el recurso de revisión presentado por la PGR. Confío en que analizará minuciosamente este caso y que resolverá con plena autonomía, sin injerencias políticas, con base en la verdad y conforme a los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.
Con todo respeto, me permito hacer las siguientes peticiones:
Al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Acapulco:
- Una resolución imparcial y apegada a derecho puesto que cinco hombres inocentes siguen privados injustificadamente de su libertad.
- Un alto a la obstrucción del proceso de liberación por parte de la PGR.
Al Poder Ejecutivo Estatal y Federal:
- La cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de los otros diez miembros de la OPIM.
- El cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para asegurar la vida e integridad personal de los miembros de la OPIM, en especial de los cinco detenidos.
Atentamente,
Nombre, Firma
Favor de enviar con copias para:
Lic. Juan Alarcón Hernández
Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum)
Avda. Juárez, Esq. Galo Soberón y Parra
Col. Centro, 39000,
Chilpancingo, Guerrero, México.
Teléfono: (+52) (01) 747 471 21 90
Fax: (+52) (01) 747 471 2190
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Lic. Eduardo Murueta Urrutia
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Chilpancingo, Guerrero, México.
Teléfono: (+52) (01) 747 49 4 2980
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Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero
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Teléfonos: (+52) (01)747-472-2137 / 747-472-4191
Fax: (+52) (01) 747 472 4191
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Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Mina #77, Col. Centro, Tlapa de Comonfort, Guerrero, México.
C.P. 41304
Teléfono: (+52) (01) 747 612 20
Fax: (+52) (01) 747 612 00
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