Gabriela Coutiño La Trinitaria, Chis; 9 de agosto.- Organismos no gubernamentales de derechos humanos y organizaciones sociales y ambientalistas, exigieron al Senado de la República, y a la Cámara de Diputados, iniciar una investigación de la masacre de seis campesinos de la comunidad Miguel Hidalgo, para que se castigue a funcionarios quienes amparados en el poder político autorizaron el operativo policíaco.
“No podemos guardar silencio ante este acto de barbarie”, señalaron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, quienes temen que la justicia no alcance a funcionarios del gobierno de Chiapas, y “se quede en el nivel de los policías rasos”.
El pasado viernes, alrededor de 350 policías del gobierno de Chiapas, ingresaron al poblado lanzando gases lacrimógenos, luego de desalojar a los indígenas de la zona arqueológica de Chinkultic, “violando los límites y procedimientos democráticos que permiten preservar la seguridad pública, y los derechos fundamentales de las personas”, señaló el Fray Bartolomé de las Casas Hasta ahora, las investigaciones solo han arrojado el encarcelamiento de seis policías rasos y un comandante, quienes según el gobierno de Chiapas confesaron haber matado a tres indígenas heridos, y a otro campesino que los trasladaba en su vehículo a un hospital.
Pero familiares de los policías culpados explicaron que los uniformados “se limitaron a obedecer órdenes superiores, y ahora los utilizan como chivos expiatorios”, dijeron esposas, madres e hijos de los seis policías presos, al manifestarse frente a las oficinas del gobernador Juan Sabines, para exigir investigaciones que abarque a los altos mandos policíacos.
“Lo que venimos a pedir es justicia porque ahorita la mano se la están cargando sólo a ellos (los policías presos). Ellos estaban en cumplimiento de su deber, estaban bajo órdenes de sus superiores, y sólo a ellos les echan la culpa”, señaló María de Jesús Corzo, hermana de Amílcar Corzo, uno de los policías acusados de disparar contra los campesinos.
Para las organizaciones sociales el desalojo de los indígenas, la incursión de la policía a su comunidad y la ejecución de seis de ellos, además de herir a otros 17 más, “constituye un nuevo ensayo contrainsurgente en Chiapas, implementado por el gobierno de Felipe Calderón, y el gobierno del PRD de Juan Sabines, con que se pretende despojar a las comunidades y pueblos indígenas de sus tierras y recursos naturales”, declaró el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
“Este violento y sanguinario operativo, ejercido en contra del pueblo indígena, es una clara muestra de al y a qué intereses responden y sirven hoy, los gobierno federal y estatal a sus cargos, interesados en ofrecer a la inversión privada multinacional las riquezas culturales y escénicas, y los recursos naturales estratégicos de nuestro país y, en particular, de Chiapas, a través de proyectos elitistas de aqueo- “eco” turismo”, denunció a su vez, la organización ambientalista, Maderas del Pueblo del Sureste.
En este año, el Centro Fray Bartolomé de las Casas, ha documentado que distintas comunidades y organizaciones indígenas en Chiapas han emprendido acciones para defender y reivindicar su derecho al territorio, a la protección y cuidado de sus recursos naturales, a la protección del patrimonio que conforma su identidad como pueblos originarios, por lo que han sido reprimidos por agentes estatales, denunció.
Otras amenazas de desalojo están en puerta, como el despojo de sus tierras y territorio a decenas de ejidos y comunidades por proyectos como el de la autopista Palenque – San Cristóbal de las Casas, o como las concesiones de minas a empresas trasnacionales en las regiones de la Sierra, Costa y Fronteriza, las que se insertan en el lógica del Proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla Panamá), detalló el organismo.
Tomando en cuenta diversos eventos de represión en Chiapas que han desencadenados en masacre de indígenas en los últimos años, al Fray Bartolomé de las Casas por ahora lo que más le preocupa, es que los crímenes cometidos por policías en la comunidad Miguel Hidalgo, en los límites con Guatemala queden impunes, y no se castigue a quienes fraguaron y ordenaron la masacre.
En los primeros días de septiembre, indígenas tojolabales de las comunidades de Antelá, Nueva Rosita y Nuevo Hidalgo y Miguel Hidalgo, habían tomado pacíficamente el acceso al Parque nacional Lagunas de Montebello, y el centro ceremonial de Chinkultic, revindicando con ello su justo derecho al territorio y a recuperar y administrar su patrimonio natural y cultural ancestral, mismos que les habían sido arrebatados por el estado mexicano.
En Chiapas, contrario a casos anteriores en donde elementos policíacos reprimieron a población civil, existen otras zonas administradas por la población en acuerdo, o por conveniencia política y económica, con autoridades estatales y federales, una de ellas es la Zona Lacandona.
Por este operativo en Miguel Hidalgo, también están en prisión preventiva el director de la Policía Estatal Preventiva, José Domingo Besares Vázquez; y el subdirector de la policía investigadora del gobierno de Chiapas, Víctor Librado Pola Figueroa, mientras que de 313 agentes que participaron en la operación, a 73 también se le dio prisión preventiva para investigarlos sobre su participación en la operación policiaca.
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