Ángeles MariscalLa Trinitaria, Chis; 15 de octubre.-Al menos 17 organismos no gubernamentales de Chiapas señalaron que los sucesos violentos ocurridos el viernes 3 de octubre, en el municipio de La Trinitaria, no revelan más que un ambiente hostil contra las comunidades indígenas que reclaman el derecho a su tierra y su territorio, así como el manejo de sus recursos naturales y patrimonio cultural e histórico.
En un comunicado enviado esta tarde, organismos no gubernamentales agrupados en el "Programa de Participación Social Chiapas", hicieron pública su indignación y preocupación por los hechos violentos ocurridos en la comunidad de Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria, donde fue efectuado un fallido operativo policiaco por elementos de Seguridad Pública Federal y Estatal, en el que seis personas fueron ejecutadas, diecisiete más fueron lesionadas y treinta y cinco fueron detenidas.
Alianza Cívica, el Colectivo Feminista Mercede Olivera, Pronatura Chiapas, la Red de Comunicadores Boca de Polen, Foro Chiapas, el Centro de Derechos Indígenas, Sna Jtz´ibajom, Una mano amiga contra el sida y otras organizaciones no gubernamentales señalaron que las acciones de violencia y represión realizadas por agentes federales y estatales durante el desalojo de la zona arqueológica de Chincultik, violan articulados de la Carta Magna mexicana y convenios internacionales que proclaman el derecho a la vida.
Dicen en su misiva que México es un país que ha expresado su convicción por una convivencia basada en el respeto a los derechos fundamentales de las personas, expresados tanto en la Constitución, como en diversos acuerdos internacionales, por lo que situaciones de este tipo no pueden ser toleradas o ignoradas por la sociedad.
"Es por ello que exigimos a las autoridades federales y estatales responsabilicen a las personas involucradas y que bajo ningún argumento se repitan hechos de esta naturaleza", dice la carta.
Apuntaron que dicho operativo que terminó con seis muertes denota el ambiente de hostigamiento y represión que existe hacia las comunidades indígenas chiapanecas, y los problemas sobre derecho de territorio, recursos naturales y patrimonio cultural e histórico.
Asimismo, hicieron un llamado al gobierno de todos los niveles, para que establezca el diálogo como estrategia principal de respuesta en conflictos agrarios y cualquier otro donde la ocupación territorial y los derechos de propiedad y derechos humanos se vean afectados. Pero sobre todo, demandaron que se garantice justicia para todos pues esa es una tarea del Estado, que debe cumplirse dentro de los límites y cauces legales.
"Como miembros de la sociedad civil, exigimos una investigación imparcial y eficiente sobre los hechos, que se sancione a los responsables, el resarcimiento de los daños a las familias afectadas y medidas que establezcan la no repetición del uso de la fuerza pública como forma de solución a los conflictos sociales", dice la misiva.
El pasado fin de semana la Organización Mundial Contra la Tortura desde Ginebra, Suiza condenó los sucesos de Chiapas y exigió al gobierno mexicano investigar la masacre y que se castigue a los resposnables.
Desde ese mismo fin de semana, a la comunidad Miguel Hidalgo de unos dos mil habitantes no ha dejado de llover ayuda gubernamental. Cobertores, despensas, brigadas médicas, utensilios de labranza y proyectos productivos les han sido ofrecidos a sus pobladores.
Los campesinos que tomaron las ruinas de Chinkultic para hacerse de más recursos en beneficio de la comunidad, ahora están siendo hostigados con la ayuda gubernamental. Lo último fue la visita de la esposa del gobernador, Isabel Aguilera de Sabines, quien llegó a consolar a los deudos y ratificar el apoyo para el desarrollo social de la comunidad.
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