Exceso de fuerza en Chiapas
Miguel Ángel Granados Chapa
10 Oct. 08
El pasado 3 de octubre se vivió la que podría ser la jornada más violentadel año. Fueron ejecutadas 42 personas por ajustes de cuentas entre bandasde narcotraficantes.
Además hay que sumar la muerte de seis personaspresumiblemente muertas a mansalva por agentes policiacos en Chiapas.
Donde hay zonas protegidas por su valor ambiental y arqueológico se generandilemas cuando son distintos los intereses de las comunidades y de quienesreclaman la preservación de vestigios y parques naturales El viernes 3 de octubre México vivió lo que probablemente es la jornada másviolenta de este agitado año: fueron ejecutadas 42 personas por ajustes decuentas entre bandas de narcotraficantes.
Si se añadieran otros homicidiosviolentos la cifra crecería hasta los niveles escandalosos que han llevado ala Organización Mundial de la Salud a determinar que la violencia que privade la vida a personas es una epidemia en nuestro país.
A la cuenta de ese trágico día hay que agregar la muerte de seis personaspresumiblemente muertas a mansalva por agentes policiacos en Chiapas que, deacuerdo con el ministerio de justicia de esa entidad, están "sujetos ainvestigación" aunque no se sabe que estén detenidos como efecto de esaaveriguación.
Las víctimas no fallecieron en un enfrentamiento con laautoridad sino que fueron atacadas cuando, con heridas de gravedad, eranconducidas a un hospital para su atención.
Los hechos ocurrieron en dos momentos en la zona arqueológica de Chincultik,que se halla en la comunidad Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria, yen la entrada próxima a ese lugar, al parque nacional de las Lagunas deMontebello.
Hace un mes, grupos de ejidatarios y habitantes de diversascomunidades se apoderaron de la administración del sitio arqueológico y delacceso a las lagunas, para forzar cambios en la manera en que el InstitutoNacional de Antropología e Historia y la Comisión Nacional de ÁreasNaturales Protegidas gestionan cada uno de esos lugares.
A juicio de losocupantes no sólo no se protege a esos sitios contra el deterioro sino quela admisión de visitantes no genera ningún beneficio a las comunidadesaledañas.
El INAH denunció por despojo a quienes ingresaron a la zona arqueológica, yel 3 de octubre ingresaron al área ocupada miembros de policías federales ylocales, portadores de órdenes de localización y presentación contra algunosde los ocupantes del centro ceremonial y de la entrada a las lagunas.
En laslagunas, la fuerza pública desalojó a los detentadores de la caseta decobro, los viveros y el área de investigación de la Comisión Nacional deÁreas Protegidas. Una veintena de personas fueron arrestadas.
La actuación policiaca en Chincultik fue resistida por los pobladoresmediante barricadas tras las que se parapetaron armados con piedras, palos ymachetes. La policía, a su vez, lanzó gases lacrimógenos y disparó contralos lugareños, antes de entrar violentamente a domicilios de la localidaddonde fueron detenidas personas que no participaban en la toma de lainstalación ni en la resistencia.
Como resultado de la intervención armadade la policía varias personas quedaron lesionadas.
Al saber de los hechos, con ánimo solidario el señor Agustín Alfaro acudió ala zona arqueológica desde la cercana comunidad de Ocotal Ojo de Agua.
Viajaba con su camioneta acompañado por su esposa y su hijo, con laintención de trasladar en su vehículo a heridos, como los señores RigobertoLópez Vázquez, José Alfredo Hernández Ramírez, Miguel Antonio Martínez Lópezy Miguel Martínez García y uno más con cuyo nombre no cuento.
Rumbo al hospital de Amparo Agua Tinta, en el municipio de Las Margaritas,la camioneta tripulada por Alfaro fue detenida por vehículos policiacoscuyos ocupantes dispararon sin más contra los heridos, el chofer, su esposae hijo.
Sólo la señora Eloisa Margarita Espinosa y su pequeño quedaronilesos.
Todos los demás murieron. El ataque es inexplicable. Aun si se buscaba detenerlos por la violenciaejercida horas antes, se incurrió en un notorio exceso de fuerza porque estavez la condición física de las víctimas les impedía resistir a los agentesde la autoridad.
Disparar a los presuntos prófugos revela una absolutacarencia de adiestramiento o la rabia contra quienes los habían rechazadopor la fuerza horas antes.
Las personas detenidas en las dos operaciones (en el acceso a las lagunas yen la zona arqueológica) quedaron en libertad, sin cargos en su contra, loque muestra la levedad de las responsabilidades penales que se pretendíafincarles.
A los deudos de las personas asesinadas se le ofendióadicionalmente al querer contentarlos en su desgracia, con la entrega de 35mil pesos para gastos funerarios y 75 mil más como una suerte deindemnización.
La vida humana no tiene precio y agravia que se busquesilenciar la indignación de las familias suponiendo que las personasasesinadas se cotizaban a bajo precio.
En Chiapas, como en otras entidades donde hay zonas protegidas por su valorambiental y arqueológico ha ido resolviéndose, no siempre de buen modo, eldilema que se suscita cuando el interés de las comunidades choca contra elinterés general que reclama la preservación de vestigios y parquesnaturales, que son patrimonio de todos y cuya administración corre a cargode las instituciones federales correspondientes.
Se entiende así lanecesidad de no admitir la irrupción de grupos que ponen en riesgo laintegridad de las zonas afectadas, por más lastimados que sean sus propiosderechos y por más tortuoso que sea el camino para hacerlos valer conforme ala ley.
No se comprende, en cambio, y no es admisible, el exceso en el uso de lafuerza que llevó al asesinato de seis personas.
Chiapas ha sido condenadopor décadas a la efusión de sangre de los débiles a manos de los poderosos,casi siempre bendecidos por la impunidad.
Debe procurarse el castigo a tododelincuente y en particular debe punirse la violencia oficial homicida.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
Miguel Ángel Granados Chapa
10 Oct. 08
El pasado 3 de octubre se vivió la que podría ser la jornada más violentadel año. Fueron ejecutadas 42 personas por ajustes de cuentas entre bandasde narcotraficantes.
Además hay que sumar la muerte de seis personaspresumiblemente muertas a mansalva por agentes policiacos en Chiapas.
Donde hay zonas protegidas por su valor ambiental y arqueológico se generandilemas cuando son distintos los intereses de las comunidades y de quienesreclaman la preservación de vestigios y parques naturales El viernes 3 de octubre México vivió lo que probablemente es la jornada másviolenta de este agitado año: fueron ejecutadas 42 personas por ajustes decuentas entre bandas de narcotraficantes.
Si se añadieran otros homicidiosviolentos la cifra crecería hasta los niveles escandalosos que han llevado ala Organización Mundial de la Salud a determinar que la violencia que privade la vida a personas es una epidemia en nuestro país.
A la cuenta de ese trágico día hay que agregar la muerte de seis personaspresumiblemente muertas a mansalva por agentes policiacos en Chiapas que, deacuerdo con el ministerio de justicia de esa entidad, están "sujetos ainvestigación" aunque no se sabe que estén detenidos como efecto de esaaveriguación.
Las víctimas no fallecieron en un enfrentamiento con laautoridad sino que fueron atacadas cuando, con heridas de gravedad, eranconducidas a un hospital para su atención.
Los hechos ocurrieron en dos momentos en la zona arqueológica de Chincultik,que se halla en la comunidad Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria, yen la entrada próxima a ese lugar, al parque nacional de las Lagunas deMontebello.
Hace un mes, grupos de ejidatarios y habitantes de diversascomunidades se apoderaron de la administración del sitio arqueológico y delacceso a las lagunas, para forzar cambios en la manera en que el InstitutoNacional de Antropología e Historia y la Comisión Nacional de ÁreasNaturales Protegidas gestionan cada uno de esos lugares.
A juicio de losocupantes no sólo no se protege a esos sitios contra el deterioro sino quela admisión de visitantes no genera ningún beneficio a las comunidadesaledañas.
El INAH denunció por despojo a quienes ingresaron a la zona arqueológica, yel 3 de octubre ingresaron al área ocupada miembros de policías federales ylocales, portadores de órdenes de localización y presentación contra algunosde los ocupantes del centro ceremonial y de la entrada a las lagunas.
En laslagunas, la fuerza pública desalojó a los detentadores de la caseta decobro, los viveros y el área de investigación de la Comisión Nacional deÁreas Protegidas. Una veintena de personas fueron arrestadas.
La actuación policiaca en Chincultik fue resistida por los pobladoresmediante barricadas tras las que se parapetaron armados con piedras, palos ymachetes. La policía, a su vez, lanzó gases lacrimógenos y disparó contralos lugareños, antes de entrar violentamente a domicilios de la localidaddonde fueron detenidas personas que no participaban en la toma de lainstalación ni en la resistencia.
Como resultado de la intervención armadade la policía varias personas quedaron lesionadas.
Al saber de los hechos, con ánimo solidario el señor Agustín Alfaro acudió ala zona arqueológica desde la cercana comunidad de Ocotal Ojo de Agua.
Viajaba con su camioneta acompañado por su esposa y su hijo, con laintención de trasladar en su vehículo a heridos, como los señores RigobertoLópez Vázquez, José Alfredo Hernández Ramírez, Miguel Antonio Martínez Lópezy Miguel Martínez García y uno más con cuyo nombre no cuento.
Rumbo al hospital de Amparo Agua Tinta, en el municipio de Las Margaritas,la camioneta tripulada por Alfaro fue detenida por vehículos policiacoscuyos ocupantes dispararon sin más contra los heridos, el chofer, su esposae hijo.
Sólo la señora Eloisa Margarita Espinosa y su pequeño quedaronilesos.
Todos los demás murieron. El ataque es inexplicable. Aun si se buscaba detenerlos por la violenciaejercida horas antes, se incurrió en un notorio exceso de fuerza porque estavez la condición física de las víctimas les impedía resistir a los agentesde la autoridad.
Disparar a los presuntos prófugos revela una absolutacarencia de adiestramiento o la rabia contra quienes los habían rechazadopor la fuerza horas antes.
Las personas detenidas en las dos operaciones (en el acceso a las lagunas yen la zona arqueológica) quedaron en libertad, sin cargos en su contra, loque muestra la levedad de las responsabilidades penales que se pretendíafincarles.
A los deudos de las personas asesinadas se le ofendióadicionalmente al querer contentarlos en su desgracia, con la entrega de 35mil pesos para gastos funerarios y 75 mil más como una suerte deindemnización.
La vida humana no tiene precio y agravia que se busquesilenciar la indignación de las familias suponiendo que las personasasesinadas se cotizaban a bajo precio.
En Chiapas, como en otras entidades donde hay zonas protegidas por su valorambiental y arqueológico ha ido resolviéndose, no siempre de buen modo, eldilema que se suscita cuando el interés de las comunidades choca contra elinterés general que reclama la preservación de vestigios y parquesnaturales, que son patrimonio de todos y cuya administración corre a cargode las instituciones federales correspondientes.
Se entiende así lanecesidad de no admitir la irrupción de grupos que ponen en riesgo laintegridad de las zonas afectadas, por más lastimados que sean sus propiosderechos y por más tortuoso que sea el camino para hacerlos valer conforme ala ley.
No se comprende, en cambio, y no es admisible, el exceso en el uso de lafuerza que llevó al asesinato de seis personas.
Chiapas ha sido condenadopor décadas a la efusión de sangre de los débiles a manos de los poderosos,casi siempre bendecidos por la impunidad.
Debe procurarse el castigo a tododelincuente y en particular debe punirse la violencia oficial homicida.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
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