EPR se deslinda de atentados

Gabriela Coutiño

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 23 Sep.- La guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR), se deslindó de cualquier responsabilidad en el atentado con explosivos cometido el 15 de septiembre en la ciudad de Morelia, Michoacán, que dejó ocho muertos y heridos amputados.

Para el EPR, “lo de Morelia sin duda alguna es un acto de provocación desde la derecha para justificar la militarización y el estado de sitio que vive la ciudad desde hace más de un mes”.

El EPR con presencia en algunos municipios de Chiapas, sostiene que el atentado “también es, una represalia y provocación al gobierno del perredista Leonel Godoy, por solidarizarse en la exigencia de la presentación con vida de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como de Francisco Paredes”.

Según el grupo armado, “previo a la masacre del 15 de septiembre, en Morelia, el gobierno federal fue creando un escenario artificial para justificar la militarización”.

Asegura que antes del atentado hubo “hechos sospechosos donde aparecieron vehículos abandonados con armas, tiros y uniformes de corporaciones policíacas en diferentes puntos de la ciudad y en lugares cercanos al domicilio de Francisco Paredes Ruiz, y de una organización de derechos humanos que está siendo hostigada”.

El EPR afirma que “los responsables de la violencia desbordada han sido siempre los gobernantes en turno y los políticos que con sus actos convalidan las políticas que ahondan la iniquidad social, haciendo cada vez más ancha la brecha entre los que amasan fortunas insultantes y los que sólo el hambre y la miseria son sus eternas acompañantes. Nadie más es responsable. Los priistas y los panistas han llevado al país a la catástrofe económica, política y social”.

Consideran que “la violencia incontenible que vive el país es consecuencia del fracaso de la política económica y de la continuidad, con mayor autoritarismo, a la política de sacar a las calles al ejército, y a sus policías con poderes extrajudiciales a semejanza de una dictadura dirigida por un civil, generalizando la militarización del país so pretexto de combatir a la delincuencia organizada”.

Y como prueba de esa estrategia cita un estudio de la Secretaría de Desarrollo Social sobre la producción y tráfico de estupefacientes hecho en 2003, “en donde se señalan regiones de las más miserables de nuestro país como los lugares más peligrosos”.

El EPR también sostiene que la política de violencia en México es aplicada por el “paramilitarismo”, “la otra cara de la moneda que empieza a mostrarse”.

Señala que muchos de los asesinatos son realizados por grupos de paramilitares conformados por militares, exmilitares, ex kaibiles, policías, expolicías de toda laya con el propósito de implantar a través de estas acciones sucias el terror en la población y "ablandar" el terreno para la aceptación de un Estado policíaco-militar.