En 2007 fueron arrestados unos 68 mil extranjeros a quienes las autoridades migratorias estadounidenses llaman OTM's (Other Than Mexicans), comparados con 165 mil arrestados en 2005 en la misma categoría.
Carta Mesoamericana
Los abusos en contra de los migrantes centroamericanos comienzan en cuanto terminan el cruce del río Suchiate entre Tecún Umán, Guatemala y Tapachula, México.
Hasta hace poco, en esa ciudad chiapaneca abordaban el llamado “ferrocarril de la muerte", por el número de centroamericanos que han acabado mutilados y muertos bajo las ruedas de ese tren, desde donde solían ser arrojados en marcha por no pagar el dinero exigido, ya fuera por los guardias del tren o por policías locales o por pandilleros de los grupos "Mara Salvatrucha", según quien apareciera de facto apoderado del tren como para cobrar pasaje como si fueran dueños. Quien no pagaba se arriesgaba a ser arrojado del tren.
Estos abusos terminaron en apariencia, no por acción de la justicia, sino por acción de la madre naturaleza que destruyó buena parte de las vías de ese tren por vía del huracán Stan, y desde entonces los migrantes cruzan a pie o "de aventón" los 360 kilómetros que separan a Tapachula de las ruinosas estaciones ferroviarias situadas en Mayab y luego en Arriaga.
Algunos centroamericanos pagan hasta 7 mil dólares por ser trasladados a México por mar, para luego seguir en camiones que van al norte o en otro tren que sale de Arriaga al que los migrantes llaman "la bestia", porque a bordo se cometen toda clase de abusos, principalmente por los guardias del tren y de otros asaltantes, que roban y violan a las mujeres que van al norte.
Hay el caso de la familia de Milagros Rivera a quienes les tomó un mes llegar a Ixtepec, Oaxaca, situada a 136 kilómetros al norte de Arriaga. Venían desde El Salvador. Para su arribo a Ixtepec, ya había sido robada tres veces: por soldados, por asaltantes comunes y por un policía.
Cuenta la señora Rivera que en el peor de esos tres incidentes, ella, su novio, su hijo de 20 años y su nuera de 18, fueron abordados por individuos armados, junto a las vías. Los hicieron desnudarse y se llevaron mil 500 dólares que traían.
Peor les fue a 22 salvadoreños que se ahogaron en octubre pasado al naufragar su embarcación frente a las costas de Oaxaca, y el drama de un joven guatemalteco de nombre Juan Gabriel Ramos, quien comentó que aun antes de llegar a Arriaga ya le había tenido que dar dinero a un agente de la policía federal y a otro de migración bajo la amenaza de ser devuelto a Guatemala.
Y luego, la cita del sacerdote católico Heyman Vázquez: "El maltrato al migrante aquí es brutal y nadie hace nada, porque todo el mundo ve a los migrantes como un botín”. Este sacerdote, quien dirige un refugio para migrantes en Arriaga, calcula que el 80 por ciento de los centroamericanos que llegan a su refugio en Arriaga han sido robados.
La impunidad con que ocurren estas violaciones es escandalosa-Particularmente a la luz de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la protección de los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares o Convención de 1990. A partir del año de 2003 en que el Senado de la República ratificó esta Convención, se convirtió en una ley vigente del más alto nivel jerárquico que incluye la normatividad más amplia sobre los derechos humanos de los migrantes. Esa impunidad rampante que victima en México a los migrantes centroamericanos hace de nuestro país el principal violador de los derechos humanos en el continente americano, si se considera el número de migrantes muertos, en el contexto de las violaciones a sus derechos humanos a las que el gobierno de México no ha sido capaz de reducir de manera significativa.
Ni la sociedad civil mexicana ha sido capaz de llamar a cuentas a los funcionarios gubernamentales que son responsables de hacer cumplir nuestras leyes.




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