Boletín de prensa No. 16
12 años de la desaparición de Minerva Guadalupe
· La violación sexual y desaparición forzada de Minerva, es parte de la estrategia contrainsurgente y de baja intensidad en Chiapas.
· El Estado mexicano continúa negando la Justicia a Minerva y a su familia.
Hace doce años, el 20 de junio de 1996, Minerva Guadalupe Pérez López, indígena chól y quien entonces tenía 19 años, desapareció en la comunidad Miguel Alemán, del municipio de Tila, cuando el transporte público en el que viajaba fue interceptado por Sabelino Torres, dirigente del grupo paramilitar "Paz y Justicia" quien ordenara la retención de Minerva, y desde entonces se desconoce su paradero. Su familia presentó denuncia por la desaparición de Minerva, sin embargo durante diez años no se realizaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido.
Fue hasta que este Centro de Derechos Humanos en coordinación con los familiares de las víctimas, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, D.C., por las desapariciones y ejecuciones en la Zona Norte de Chiapas ejecutadas por el grupo paramilitar “Paz y Justicia”, lo que permitió que el estado mexicano reactivara las investigaciones.
Hasta el momento, solamente se encuentran procesados ante el Juez Tercero del Ramo Penal en Tuxtla por la desaparición de Minerva, los líderes de “Paz y Justicia” Sabelino Torres Martínez, Diego Vázquez Pérez, Samuel Sánchez Sánchez y Marcos Albino Torres. Puesto que con fecha 29 de febrero de 2008 el Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas concedió el amparo liso y llano respecto de las órdenes de aprehensión giradas en contra de otros miembros de esta organización paramilitar, siendo los siguientes: Nicolás Gómez Martínez, Alberto López Torres, Román López Hernández, Samuel López Hernández, Miguel Gómez Torres, Mateo Gómez Torres, Antonio López Sánchez, Alejandro López Sánchez, Jaime López Hernández, José Gómez Martínez, Manuel López Hernández, Pascual López Ramírez, Ernesto Torres García y Mario Torres García. Es preocupante para este Centro y los familiares de Minerva, que se haya concedido el amparo para los perpetradores de su desaparición, puesto que indica que existen graves deficiencias en las investigaciones realizadas por las autoridades de procuración de justicia en el Estado.
De acuerdo con las cifras recabadas por el Frayba, en el contexto del conflicto armado en Chiapas, entre 1995 y 2000, tan sólo en la Zona Norte de Chiapas se registraron las desapariciones forzadas de 32 hombres y 5 mujeres, entre ellas, Minerva Guadalupe, así como las ejecuciones de 7 mujeres y 78 hombres, además del desplazamiento forzado de 12.000 personas.
Según testimonios de paramilitares de “Paz y Justicia” obtenidos por este Centro de Derechos Humanos, Minerva estuvo retenida durante tres días, durante los cuales fue golpeada y violada tumultuaria y repetidamente por más de 30 hombres pertenecientes a “Paz y Justicia”, quienes la mantuvieron en cautiverio y sin comer. Después la llevaron al campo y luego de violarla tumultuariamente, la asesinaron y descuartizaron. Este Centro de Derechos Humanos aportó la información sobre la desaparición de Minerva a la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), que declinó el caso y posteriormente, se presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos, pero se desconocen avances en la investigación.
Dentro de una estrategia de guerra en contra de la población civil, Minerva Guadalupe fue elegida premeditadamente como víctima por el hecho de ser mujer. Víctima de la guerra y el abuso del poder de los paramilitares de “Paz y Justicia” quienes contaban con la anuencia del Gobierno Federal, encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León, el gobierno estatal y el Ejército que los impulsaron, entrenaron y financiaron con recursos públicos a cambio de votos, utilizándolos como instrumento para imponer el terror en la población civil.
El aparato de justicia mexicano, expresa la discriminación que soportan las mujeres mexicanas, cuando desprecia sus palabras y testimonios y no les garantiza el acceso a la justicia, ni un juicio justo, mucho menos cuando los victimarios ocupan cargos de servidores públicos. En Chiapas se han reportado los asesinatos de 1,456 mujeres en el último lustro, y de acuerdo con la información oficial[1] sólo el 14% de los casos se han resuelto, quedando en la impunidad 86 casos de cada 100.
Minerva es una víctima del conflicto armado no resuelto en Chiapas, existencia que el gobierno niega. Seguramente su historia, no hará parte de la versión oficial como tantos otros crímenes que han quedado en impunidad. En el mes de junio de 2006, la madre de Minerva murió, sin saber qué pasó con su hija y con la esperanza de que se hiciera justicia.
Para este Centro de Derechos Humanos, es importante recordar su memoria para vencer la impunidad y el olvido; el Frayba sigue demandando que se conozca la verdad y que se castigue a los responsables para que no prevalezca la impunidad.
El Estado mexicano, debe cumplir con el compromiso asumido al ratificar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de la Mujer “Convención de Belém Do Pará” el 19 de junio de 1998, al ser Ley Suprema de la Unión en términos del artículo 133 de la Constitución Mexicana es vinculante para los agentes del Estado en los tres ámbitos de gobierno.
-.-
[1] Informe de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada.
12 años de la desaparición de Minerva Guadalupe
· La violación sexual y desaparición forzada de Minerva, es parte de la estrategia contrainsurgente y de baja intensidad en Chiapas.
· El Estado mexicano continúa negando la Justicia a Minerva y a su familia.
Hace doce años, el 20 de junio de 1996, Minerva Guadalupe Pérez López, indígena chól y quien entonces tenía 19 años, desapareció en la comunidad Miguel Alemán, del municipio de Tila, cuando el transporte público en el que viajaba fue interceptado por Sabelino Torres, dirigente del grupo paramilitar "Paz y Justicia" quien ordenara la retención de Minerva, y desde entonces se desconoce su paradero. Su familia presentó denuncia por la desaparición de Minerva, sin embargo durante diez años no se realizaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido.
Fue hasta que este Centro de Derechos Humanos en coordinación con los familiares de las víctimas, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, D.C., por las desapariciones y ejecuciones en la Zona Norte de Chiapas ejecutadas por el grupo paramilitar “Paz y Justicia”, lo que permitió que el estado mexicano reactivara las investigaciones.
Hasta el momento, solamente se encuentran procesados ante el Juez Tercero del Ramo Penal en Tuxtla por la desaparición de Minerva, los líderes de “Paz y Justicia” Sabelino Torres Martínez, Diego Vázquez Pérez, Samuel Sánchez Sánchez y Marcos Albino Torres. Puesto que con fecha 29 de febrero de 2008 el Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas concedió el amparo liso y llano respecto de las órdenes de aprehensión giradas en contra de otros miembros de esta organización paramilitar, siendo los siguientes: Nicolás Gómez Martínez, Alberto López Torres, Román López Hernández, Samuel López Hernández, Miguel Gómez Torres, Mateo Gómez Torres, Antonio López Sánchez, Alejandro López Sánchez, Jaime López Hernández, José Gómez Martínez, Manuel López Hernández, Pascual López Ramírez, Ernesto Torres García y Mario Torres García. Es preocupante para este Centro y los familiares de Minerva, que se haya concedido el amparo para los perpetradores de su desaparición, puesto que indica que existen graves deficiencias en las investigaciones realizadas por las autoridades de procuración de justicia en el Estado.
De acuerdo con las cifras recabadas por el Frayba, en el contexto del conflicto armado en Chiapas, entre 1995 y 2000, tan sólo en la Zona Norte de Chiapas se registraron las desapariciones forzadas de 32 hombres y 5 mujeres, entre ellas, Minerva Guadalupe, así como las ejecuciones de 7 mujeres y 78 hombres, además del desplazamiento forzado de 12.000 personas.
Según testimonios de paramilitares de “Paz y Justicia” obtenidos por este Centro de Derechos Humanos, Minerva estuvo retenida durante tres días, durante los cuales fue golpeada y violada tumultuaria y repetidamente por más de 30 hombres pertenecientes a “Paz y Justicia”, quienes la mantuvieron en cautiverio y sin comer. Después la llevaron al campo y luego de violarla tumultuariamente, la asesinaron y descuartizaron. Este Centro de Derechos Humanos aportó la información sobre la desaparición de Minerva a la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), que declinó el caso y posteriormente, se presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos, pero se desconocen avances en la investigación.
Dentro de una estrategia de guerra en contra de la población civil, Minerva Guadalupe fue elegida premeditadamente como víctima por el hecho de ser mujer. Víctima de la guerra y el abuso del poder de los paramilitares de “Paz y Justicia” quienes contaban con la anuencia del Gobierno Federal, encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León, el gobierno estatal y el Ejército que los impulsaron, entrenaron y financiaron con recursos públicos a cambio de votos, utilizándolos como instrumento para imponer el terror en la población civil.
El aparato de justicia mexicano, expresa la discriminación que soportan las mujeres mexicanas, cuando desprecia sus palabras y testimonios y no les garantiza el acceso a la justicia, ni un juicio justo, mucho menos cuando los victimarios ocupan cargos de servidores públicos. En Chiapas se han reportado los asesinatos de 1,456 mujeres en el último lustro, y de acuerdo con la información oficial[1] sólo el 14% de los casos se han resuelto, quedando en la impunidad 86 casos de cada 100.
Minerva es una víctima del conflicto armado no resuelto en Chiapas, existencia que el gobierno niega. Seguramente su historia, no hará parte de la versión oficial como tantos otros crímenes que han quedado en impunidad. En el mes de junio de 2006, la madre de Minerva murió, sin saber qué pasó con su hija y con la esperanza de que se hiciera justicia.
Para este Centro de Derechos Humanos, es importante recordar su memoria para vencer la impunidad y el olvido; el Frayba sigue demandando que se conozca la verdad y que se castigue a los responsables para que no prevalezca la impunidad.
El Estado mexicano, debe cumplir con el compromiso asumido al ratificar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de la Mujer “Convención de Belém Do Pará” el 19 de junio de 1998, al ser Ley Suprema de la Unión en términos del artículo 133 de la Constitución Mexicana es vinculante para los agentes del Estado en los tres ámbitos de gobierno.
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[1] Informe de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada.
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