C. Gobernador Juan Sabines Guerrero:
El día de ayer, 11 de marzo por la noche, en el CERESO 14 de El Amate, un apagón generalizado estuvo a punto de generar un motín. La reacción de la población penitenciaria fue defender el plantón de quienes se encuentran en huelga de hambre al correrse el rumor de un intento de dispersión de los manifestantes a otros penales.
Al día de hoy, Zacario Hernández lleva 30 días sin probar alimento, y a la huelga de hambre se han sumado de manera paulatina 37 presos y 10 más en ayuno, entre hombres y mujeres, de tres CERESOS distintos, los últimos hace un par de días. Todos ellos son en su mayoría indígenas, todos ellos son miembros de organizaciones sociales de Chiapas. Todos ellos, en su acción, nos hablan sobre las graves deficiencias en el
Sistema de Justicia de Chiapas.
Señor Gobernador, vemos con preocupación la falta de un señalamiento claro y explícito del Gobierno del Estado sobre la grave situación que se vive en el CERESO 14, el CERESO 5 y el CERESO 17, y sobre la postura que adoptará para que ésta situación no se agrave ni mucho menos llegue a situaciones irreversibles.
Al inicio de su período al frente del gobierno de Chiapas, ofreció reactivar la Ley de Libertad con Sentencia Suspendida, creada por el entonces Gobernador Javier López Moreno en 1944, a favor de los presos, entre otros, de organizaciones sociales. La sociedad leyó su iniciativa como una forma de hacer prevalecer condiciones de distensión para todos los chiapanecos. Sin embargo y aún cuando muchos se han visto
beneficiados por ella, a la luz de los actuales acontecimientos, ha sido una medida claramente insuficiente.
Sabemos que la mayoría de los ahora manifestantes no fueron presos durante su administración, ni que usted sea el responsable de la deficiencia en la procuración de justicia y las malas prácticas de funcionarios que se han incubado a lo largo de los años pero en su calidad de Gobernador, sí tiene la responsabilidad y la oportunidad de remediarlo.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha sido testigo de diversos procesos injustos y politizados en contra de personas pobres, indígenas y particularmente, de miembros de organizaciones sociales, algunos de los cuales usted ha conocido personalmente. Es una demanda pública la necesidad de una profunda reforma del sistema de justicia que respete el debido proceso de los acusados y dé certeza de imparcialidad a la sociedad en su conjunto.
Así mismo este Centro considera que la creciente manifestación de los presos en huelga de hambre, remite a una situación histórica de injusticia social que aparece hoy, como un signo también de madurez democrática. La protesta es un derecho y es en sí un ejercicio democrático, consecuentemente debe ser revisada y atendida cuidadosa y serenamente por el Gobierno del Estado, dado que apela a una de las fibras más sensibles de la democracia, la justicia.
La grave crisis que se vive hoy en los penales, pide un ejercicio de reconciliación, una amnistía. Sabemos que no existen recursos legales de amnistía en la normatividad del Estado pero sí las herramientas suficientes para generar el mismo efecto: la misma ley que está siendo aplicada de Libertad con Sentencia Suspendida, la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad con Sujeción a Proceso que fue creada por Patrocinio González Garrido en 1991 y vuelta a utilizar por Pablo Salazar en el año 2000, el desistimiento de la acción penal, que también ha sido aplicado incluso en su propia administración, los beneficios de preliberación y la libertad anticipada.
La atención inmediata del Gobierno del Estado a las demandas de los huelguistas, puede ser la diferencia para su integridad personal, el bienestar de sus familias y la justicia pero también entre volver a épocas oscuras de incertidumbre o abrir caminos hacia una verdadera construcción democrática.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 12 de marzo de 2008
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