Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Integrantes de la Coalición de organizaciones Independientes de la Selva Lacandona (Cocisel), que agrupa a unas 30 organizaciones de Chilón, Altamirano, Sitalá, Oxchuc y Ocosingo, tomaron las oficinas de diversas dependencias de los gobiernos estatal y federal, para exigir para exigir ser beneficiados de los programas que otorgan dichas dependencias.
Los manifestantes también plantearon diversas demandas como la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a través de la regularización,, derogar del decreto que crea un área natural protegida en ocho polígonos de la comunidad lacandona.
Exigieron detener los desalojos de las comunidades de la selva, la creación de una universidad indígena, la construcción de una clínica de segundo nivel equipada, la apertura y revestimiento de caminos, así como servicios básicos de urbanizació
n y proyectos productivos.
Hasta el cierre de esta edición seguían tomadas las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Secretaría del Campo, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Operaciones Políticas, Consejo de Desarrollo Indígena (CDI), Chiapas Solidario, y la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI), todas dependientes del gobierno estatal; así como de la Procuraduría Agraria.
Los manifestantes acusaron mediante pancartas, a Germán de la Rosa, delegado de Gobierno del estado; y Santiago Lorenzo Jiménez, subsecretario de operación regional, de no dar trámite a sus demandas de proyectos productivos.
“Los funcionarios argumentan que el presupuesto no alcanza, pero nosotros nos damos cuenta cómo ellos sí benefician a sus organizaciones, repartiendo a su allegados y a sus familias, los apoyos de los programas destinados a los más necesitados”, indicaron en un comunicado dirigido a la opinión pública.
Acusaron a los titulares de las dependencias que permanecen tomadas, de servirse de ellas para beneficio propio y de sus familias, “en perjuicio de los campesinos indígenas que están padeciendo la pobreza extrema. No les importan los problemas sociales y actúan con arbitrariedad maltratando a quienes acuden con ellos”.
Por su parte, a través de un comunicado, el presidente municipal, Carlos Leonel Solórzano Arcia, pidió a los integrantes de la Cocisel, desocupar las dependencias que mantienen tomadas, para poder dialogar en torno a sus demandas.
“Las organizaciones del estado, están en descuerdo con el nombramiento de algunos funcionarios. Como presidente me ofrezco a contribuir para que el problema vaya a solucionarse porque ya no queremos más problemas en nuestro municipio”, dijo.
Los manifestantes también plantearon diversas demandas como la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a través de la regularización,, derogar del decreto que crea un área natural protegida en ocho polígonos de la comunidad lacandona.
Exigieron detener los desalojos de las comunidades de la selva, la creación de una universidad indígena, la construcción de una clínica de segundo nivel equipada, la apertura y revestimiento de caminos, así como servicios básicos de urbanizació
n y proyectos productivos.Hasta el cierre de esta edición seguían tomadas las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Secretaría del Campo, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Operaciones Políticas, Consejo de Desarrollo Indígena (CDI), Chiapas Solidario, y la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI), todas dependientes del gobierno estatal; así como de la Procuraduría Agraria.
Los manifestantes acusaron mediante pancartas, a Germán de la Rosa, delegado de Gobierno del estado; y Santiago Lorenzo Jiménez, subsecretario de operación regional, de no dar trámite a sus demandas de proyectos productivos.
“Los funcionarios argumentan que el presupuesto no alcanza, pero nosotros nos damos cuenta cómo ellos sí benefician a sus organizaciones, repartiendo a su allegados y a sus familias, los apoyos de los programas destinados a los más necesitados”, indicaron en un comunicado dirigido a la opinión pública.
Acusaron a los titulares de las dependencias que permanecen tomadas, de servirse de ellas para beneficio propio y de sus familias, “en perjuicio de los campesinos indígenas que están padeciendo la pobreza extrema. No les importan los problemas sociales y actúan con arbitrariedad maltratando a quienes acuden con ellos”.
Por su parte, a través de un comunicado, el presidente municipal, Carlos Leonel Solórzano Arcia, pidió a los integrantes de la Cocisel, desocupar las dependencias que mantienen tomadas, para poder dialogar en torno a sus demandas.
“Las organizaciones del estado, están en descuerdo con el nombramiento de algunos funcionarios. Como presidente me ofrezco a contribuir para que el problema vaya a solucionarse porque ya no queremos más problemas en nuestro municipio”, dijo.
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