Piden que restos óseos se les practique pruebas de ADN

Fredy Martín Pérez.

San Cristóbal de las Casas, Chis, 8 de julio.- La organización ambientalista “Maderas del Pueblo del Sureste”, pidió al Fiscal del Estado, Mariano Herrán Salvatti, abra una averiguación previa y se practique pruebas de ADN a los restos óseos que se encontraron la semana pasada, que podrían corresponder a los cuatro indígenas desaparecidos después del ataque policiaco en la comunidad Viejo Velasco Suárez, en la Selva Lacandona.
Así “Maderas del Pueblo del Sureste” se sumó a la demanda que hicieron los familiares de los cuatro indígenas de la etnia chol que están en calidad de desaparecidos desde el 13 de noviembre del 2006, cuando un comandado policiaco y 300 comuneros de la Selva Lacandona, atacaron a las familias de Viejo Velasco Suárez.
Organismos de derechos humanos y los familiares han establecido que los restos podrían ser de Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, de los cuatro indígenas que aun no ha sido localizados en el ataque de hace ocho meses, que se saldó con cuatro indígenas muertos y un detenido.
“Que se realicen todas las acciones pertinentes, que permitan la ubicación y presentación con vida, de Mariano Pérez Guzmán y Juan Peñate Montejo, integrantes también del poblado Viejo Velazco, igualmente señalados y denunciados como desaparecidos a raíz del ataque citado”, considera “Maderas del Pueblo del Sureste”.
También que se investiguen y se finquen responsabilidades, “a los verdaderos autores intelectuales y materiales del ataque armado, y por ende, responsables de estos asesinados y desapariciones”.
Que se libere a Diego Arcos Meneses, promotor de salud de la comunidad Nuevo Tila, que fue arrestado cuando después del ataque llegó a ver qué había pasado en Viejo Velasco Suárez, para ver si había personas lesionadas.
Arcos Meneses detenido en un penal de la zona norte de Chiapas, está “acusado de manera injusta, de ser presunto responsable de dicha masacre”.
La carta va dirigida al gobernado Juan Sabines Guerrero, con copia al presidente Felipe Calderón Hinojosa, al presidente de la CNDH, José Luis Soberanes y Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial para Pueblos Indígenas de la ONU.
“Maderas del Pueblo del Sureste” en su oportunidad dijo que el ataque del 13 de noviembre fue perpetrado como una estrategia de la comunidad Lacandona “administradores” legales de la biosfera de Montes Azules, de más de 300 mil hectáreas y la de mayor biodiversidad en América del Norte, para echarlos de sus hogares.
La intensión de la comunidad Lacandona, integrada por indígenas lacandones, choles y tzaltales de los poblados de Lancanjá Chansayab, Frontera Corozal y Palestina, era entregar las tierras de Viejo Velasco Suárez, a empresas madereras porque la zona es rica en caoba.
La Fiscalía de Justicia del Estado inició un acta administrativa por los hechos de Viejo Velasco Suárez y desecho abrir una averiguación previa.
La desaparición de cuatro indígenas choles y el asesinato de cuatro más de Viejo Velasco Suárez, llamó la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pidió al Estado mexicano investigar la desaparición forzada de los cuatro indígenas choles, pero en respuesta el gobierno dijo que “se encontraban viviendo en el norte del país como migrantes”.