En defensa propia
El surgimiento de los llamados grupos de autodefensa o guardias comunitarias en Guerrero y Michoacán, principalmente, han puesto de manifiesto la crisis de seguridad pública por la que atraviesa el país desde hace mucho tiempo.
Con ciertos matices, estos grupos han sido creados debido a la falta de presencia de las instituciones encargadas de otorgar seguridad a las comunidades, que enfrentan el embate de grupos de delincuentes que no son combatidos por el Estado, que tiene la responsabilidad constitucional.
No se descarta que en algunos casos los mismos pobladores pudieran ser parte de grupos criminales que aprovechan la situación para intereses propios, pero en la gran mayoría, los habitantes se organizaron y se levantaron debido a que cada vez son más asediadas por la delincuencia.
Lo que tiene que hacer el Estado ante esta realidad es analizar con cuidado el funcionamiento y la integración de estos grupos, y si no tiene capacidad para brindarles la seguridad que demandan los habitantes, legalizarlos para que sean ellos los responsables de combatir al crimen organizado.
Lo peligroso en este escenario de descomposición, es que caciques o grupos de poder aprovechen y organicen sus propias guardias para fines políticos o económicos personales, lo cual no sería nuevo, pues en muchos casos lo han hecho finqueros, propietarios y taladores de bosques en diferentes partes.
No deja de llamar la atención que sea Guerrero el estado donde comenzaron a surgir las guardias comunitarias. Es significativo porque es una entidad muy pobre, abandonada por las autoridades y además con una historia de lucha guerrillera y social muy importante.
Desde años atrás en esa entidad se habían organizado las comunidades con sus propias guardias para garantizar la seguridad de la población en la zona rural, donde no existe presencia policiaca.
Debido a que el responsable del abandono y la falta de seguridad en muchas zonas del país es el propio gobierno, no tiene autoridad moral para exigir a los grupos de autodefensa que desistan de su actitud, por lo que para empezar tiene que entablar un diálogo con ellos para tratar de encontrar una solución más o menos aceptable para las dos partes.
La situación de la inseguridad ha crecido en muchas partes debido a la crisis económica y al proceso de descomposición que se vive en el país, donde cada vez hay más pobres y un grupo minoritario de la oligarquía se enriquece.
No vayamos muy lejos: Se sabe que en la sierra de Chiapas se constituyó recientemente la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas en contra de la exploración y la explotación de minas y de los recursos naturales. El acuerdo tomado por 78 ejidos de la zona, que será hecho público el próximo martes, establece que no permitirán la entrada de vehículos y personal de las empresas canadienses –la Black Fire, una de ellas—a las comunidades a saquear sus recursos y a contaminar.
En esta zona de los Altos, por ejemplo, hay casos que llaman la atención: el domingo pasado, pobladores del barrio de María Auxiliadora se organizaron y lograron la retención de dos presuntos secuestradores, quienes posteriormente fueron entregados a la policía.
Otro caso ocurrió el martes en la cabecera de Chenalhó, donde un niño de cinco años presuntamente fue secuestrado por cinco sujetos que luego fueron detenidos y por poco los linchan más de mil pobladores que los sacaron de la cárcel municipal.
Caso aparte es el que ocurrió el domingo pasado la comunidad de Tzajaló, municipio de Huixtán, donde los indígenas de ese lugar retuvieron al policía municipal de Oxchuc Adolfo López Santiz, acusado de haber robado en una carpintería. Los pobladores le impusieron una multa de cien pesos y retuvieron a su hermano José que llegó para tratar de ayudarlo. Después de intensas negociaciones en las que participaron autoridades de los dos municipios y funcionarios estatales, ayer se llegó al acuerdo que los acusados pagarán 33 mil peso de multa cada uno, según los usos y costumbres.
Esta situación es similar a la ocurrida el pasado 6 de febrero en la comunidad de Selva Natividad, municipio de San Cristóbal de Las Casas, donde las autoridades retuvieron al indígena Máximo Torres Collazo, originario del municipio de Zinacantán por robar una motocicleta y le impusieron una multa de 40 mil pesos.
Tal vez lo correcto en ambos casos sea que paguen la multa pero que sean encarcelados para que no vuelvan a delinquir
La inseguridad está en muchas partes y lo que los habitantes de muchas zonas están haciendo es organizarse para combatir la delincuencia, pues las autoridades de los tres niveles no tienen capacidad para enfrentar el fenómeno que crece cada vez más.
En San Cristóbal se ha incrementado el robo de vehículos o los cristalazos en los meses recientes, por lo que las autoridades municipales han hecho llamados a la población a tomar medidas para evitar tal los robos.
La situación en la entidad no está fácil debido a que el gobierno anterior saqueó las arcas públicas y ahora no hay dinero, a mucha gente le quedaron a deber hasta los salarios, las becas, los viáticos, los servicios prestados y un largo etcétera.
A como están las cosas parece que la única solución es que los propios habitantes se organicen para garantizar la seguridad que el Estado mexicano no es capaz de darle como es su obligación pues para eso cobra impuestos.
PICOTAZOS
Qué mala leche del alcalde priísta de Zinacantán, Mariano Sánchez Gómez que el domingo pasado ordenó cortar la energía eléctrica, mientras el diputado federal por el distrito de Comitán, Eduardo Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, realizaba un acto masivo en la plaza principal con sus simpatizantes. Y no conforme con eso, instruyó que pobladores de su partido retener y entregar a un agente del Ministerio Público a un habitante de Navenchauc que milita en el PVEM, bajo la acusación de que debe 700 mil pesos a un priísta. Luego se juntaron decenas de indígenas y destruyeron o causaron serios daños a la casa del detenido.
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