martes, febrero 19, 2013

Grupos armados pueden provocar ingobernabilidad


San Cristóbal de las Casas, Chis; 18 de febrero.- No hay justificación para que grupos civiles armados y encapuchados pretendan ejercer una función "que es propia del Estado y particularmente de las instituciones", ya que puede provocar "ingobernabilidad", declaró aquí el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva.

El ombudsman llegó aquí a invitación de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) para dictar la conferencia "Los derechos humanos y el control de convencionalidad", pero al término, declaró que los grupos armados que han surgido en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y otras entidades pretenden "ejercer una especie de justicia por su propia mano".
Pero el accionar de los estos grupos civiles armados van "más allá de lo que plantea la Constitución", porque en México hay instituciones "que son las que tienen que cumplir con la misión de brindar seguridad pública".
Por lo tanto, no se justifica el accionar de estos grupos armados y encapuchados y que además, "pretendan ejercer una función que es propia del Estado y particularmente de las instituciones", explicó Plascencia Villanueva.
Agregó que si el Estado no proporciona la seguridad a los habitantes de los municipios que se han armado, "entonces hay que señalarlo, hay que denunciarlo, hay que plantearlo, pero lo que no es válido es tomar la seguridad por propia mano".
Mucho menos, dijo, se debe rebasar la labor del Estado, "porque esto nos puede llevar a un tema de ingobernabilidad".
El presidente de la CNDH dijo que por el caso de los grupos armados que ha surgido en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, se han abierto investigaciones en las institución que preside.
Por el momento, este tema es de "seguridad pública", pero si no se detiene, el surgimiento de estos grupos, entonces "podría ser un tema de seguridad nacional y por supuesto, con implicaciones políticas, inclusive problemas de ingobernabilidad".
En el tema de migración, dijo que hay que hay analizar "con mucho cuidado" el trabajo de los funcionarios públicos, no sólo de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), sino también de los policías municipales y estatales, para evitar que se siga abusando en contra de los inmigrantes "sin papales", que ingresan a México para llegar a los Estados Unidos.

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