miércoles, noviembre 14, 2012

Gobierno no reconoce desplazamiento


Hermann Bellinghausen 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas; 13 de Noviembre.- En Chiapas, los desplazados internos por el conflicto armado y la contrainsurgencia no son reconocidos por el gobierno. Además, la militarización sostenida en la entidad pertenece a “los escenarios de la estrategia de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), a través de la Iniciativa Mérida”, e incluye “retenes permanentes e itinerantes que violan el derecho a la libertad de tránsito, con particular presencia en la zona fronteriza y el territorio zapatista en el cual se dirimen el control territorial y la confrontación del Estado con organizaciones sociales, comunidades y pueblos”, sostiene el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) en una evaluación del conflicto armado en la entidad.

Siguen militarizadas sobre todo las comunidades en las zonas de influencia del EZLN (“el objetivo a destruir”). A ello se suma la implementación de proyectos sociales del gobierno que, “junto con organismos como el Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) y la ONU, han sido cómplices de la contrainsurgencia en este último sexenio”.
El gobierno “busca inhibir a los movimientos de resistencia con programas sociales para la división comunitaria, inmovilizando a los pueblos mediante ocupación militar y acciones de autoridades en complicidad con organizaciones de corte paramilitar y grupos ligados al gobierno de Juan Sabines Guerrero, con la finalidad de golpear a las comunidades en resistencia”, afirma el estudio, publicado en el nuevo número de Yorail Maya, la revista del Frayba.
Sobre la reactivación de los grupos armados, allí se identifica “un patrón de confrontación directa de organizaciones progubernamentales con historial paramilitar, tal como el grupo Desarrollo Paz y Justicia, que agrede a la comunidad Comandante Abel, del municipio autónomo La Dignidad”.
El Centro ha documentado el desplazamiento forzoso a causa del conflicto armado, “situación no atendida por los gobiernos”. En el curso de los años, las autoridades han negado el desplazamiento a consecuencia de la guerra y por lo tanto la existencia de estos desplazados. Por ende, fue una acción “contradictoria y utilitaria” que, por iniciativa del gobernador, el congreso aprobara el 14 de febrero pasado una Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado, con el apoyo del PNUD a través del Programa Conjunto por una Cultura de Paz, con la intención de atender esta problemática históricamente pendiente, que ha dejado una herida abierta, pérdidas irreparables e impunidad”.
Sin embargo, testimonios recibidos por el Frayba señalan que el PNUD y la UNESCO “han causado división comunitaria, debido a la continuidad de una política contrainsurgente que impulsan los gobiernos federal y estatal para la confrontación comunitaria y la exclusión de los desplazados internos y los desplazados-retornados”. De esta manera responden a la insistencia de éstos en “una atención integral bajo los principios rectores del desplazamiento de las Naciones Unidas”.
Un “censo de atención a desplazados” del PNUD y el gobierno de Chiapas calcula que hay de 24 mil a 30 mil personas en esa situación. Dicho censo, aclara el Frayba, “fue creado por el gobierno con grupos cercanos a él, en realidad solicitantes de tierra con una historia de exclusión y marginación diametralmente distinta a quienes padecieron desplazamiento forzado por la contrainsurgencia del Estado”. Las instituciones involucradas “buscan tergiversar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Los Altos y la selva de Chiapas” y mantenerlos impunes.
En el ejido San Marcos Avilés (Chilón) fueron desplazadas 170 personas, bases de apoyo del EZLN, el 9 de septiembre de 2010. Actualmente se encuentran expulsados de sus tierras de trabajo y bajo constantes amenazas de nuevo desplazamiento de las tierras donde viven ahora. El 4 de diciembre de 2011 en Banavil (Tenejapa) hubo una agresión de un grupo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que dejó como resultado la muerte de Pedro Méndez López, la desaparición de Alonso López Luna y el desplazamiento forzado de cuatro familias.
En noviembre de 2006 se perpetró la masacre de la comunidad de Viejo Velasco, ocasionada por la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos e integrantes de la comunidad Lacandona, acompañados por 300 policías estatales. Siguen desplazadas 36 personas, más siete muertos y dos desaparecidos. Otro caso sin resolver es en Busiljá, con cuatro familias desplazadas y una menor secuestrada a pesar de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En condiciones de constante amenaza e incertidumbre se encuentran los pobladores de San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende, de la ARIC Independiente, asentados en la cuenca del río Negro, en Montes Azules. Otros eventos denunciados contra zapatistas y organizaciones en resistencia son los ocasionados por paz y justicia en la zona Norte (municipios de Sabanilla y Tila), y por grupos de antecedente paramilitar en Chenalhó.
El Frayba enfatiza que estos desplazados nunca fueron considerados como tales. “El desplazamiento interno no es un evento aislado, sino manifestación de la estrategia militar y contrainsurgente aplicada en Chiapas, que vulnera directamente el territorio de los pueblos indígenas”.

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