Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Al analizar el cúmulo de pruebas incriminatorias, entre las que destacan las declaraciones de servidores y ex servidores públicos, así como las conclusiones de la CNDH y la Organización Panamericana de la Salud; el Juez Segundo del Ramo Penal con sede en El Amate obsequió orden de aprehensión en contra de Pablo Salazar Mendiguchía por el delito de Homicidio Doloso (Comisión por Omisión), por la muerte de la menor Guadalupe Silvestre Vázquez.
La orden de aprehensión, ejecutada por elementos de la Policía Especializada, responde al análisis exhaustivo de las pruebas presentadas por el Ministerio Público investigador, donde se demuestra fehacientemente cómo Pablo Salazar Mendiguchía contaba con los recursos públicos suficientes para enviar al Hospital General K de Comitán de Domínguez, pero omitió hacerlo.
Sin embargo, a consecuencia de la falta de estos apoyos, se produjo la muerte de 35 menores como lo documentó la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 24/2004 emitida al Gobierno que encabezaba en ese entonces Pablo Salazar Mendiguchía, y que aceptara en todos sus términos.
En dicha recomendación se subraya que se detectaron múltiples irregularidades como la falta de medicamentos, instrumental y equipos médicos en las áreas de gineco-obstetricia y pediatría, lo que contribuyó a la deficiente atención médica.
En este sentido, la Procuraduría General de Justicia del Estado, en su carácter de representante social, ha cumplido en todo momento al defender a quienes están desprotegidos, a los padres de aquellos menores que no pudieron sobrevivir, y quienes por no contar con el dinero para pagar un abogado les fue negado el acceso a la justicia.
Por lo que, en atención a las denuncias presentadas el año pasado por los padres de los bebés muertos, la Procuraduría de Chiapas reabrió las averiguaciones previas que habían sido enviadas al archivo indebidamente por órdenes de Pablo Salazar Mendiguchía
En sus denuncias los padres expresaron nunca haber sido notificados del archivo de las averiguaciones previas como lo marca la Ley, por tanto la Procuraduría estatal inició el proceso de investigación, obteniendo pruebas contundentes que demuestran la responsabilidad penal de Pablo Salazar Mendiguchía.
Incluso en su declaración ministerial, Mariano Herrán Salvatti, en ese entonces Procurador General de Justicia del Estado, afirmó que "Pablo Salazar me recalcó que cesara inmediatamente las investigaciones sobre esos hechos y que evitara a toda costa cualquier tipo de acción penal por esos acontecimientos, externándome que él como Gobernador no autorizó que se enviaran recursos económicos para la compra de equipos médicos y medicamentos que en ese entonces requería dicho hospital, ya que el recurso público que había sido destinado para el fortalecimiento no se invirtió y por tal motivo le podría resultar responsabilidad".
Cabe resaltar que, actualmente Salazar Mendiguchía se encuentra siendo procesado también por la muerte de tres menores más, quienes perdieron la vida a consecuencia de la falta de condiciones óptimas para su atención al interior del Hospital General K de Comitán de Domínguez.
El expediente penal actual, que consta de ocho tomos y 64 anexos, con un total de 42 mil 571 fojas útiles, integra diversos informes emitidos en la época de los hechos por las Secretarías de Hacienda y Salud, donde se constata que dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2002, al Instituto de Salud le fue autorizado un monto de mil 298 millones 835 mil 242 pesos.
A pesar de lo anterior, al Hospital General K de Comitán de Domínguez sólo fueron enviados cuatro millones 713 mil 487 pesos, correspondientes a gasto corriente para el pago de servicios básicos, apoyos extraordinarios y pago de sueldos, sin que se enviara un solo peso para la inversión en infraestructura y equipamiento médico.
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Comunicación Social de Gobierno
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