Consignan a comiteca por trata de personas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 13 de Octubre.-La Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes, ejercitó acción penal en contra de la propietaria y la administradora del Bar “La Cabaña”, en donde el pasado seis de octubre agentes investigadores lograron el rescate de una menor de tan sólo 17 años de edad quien era víctima de trata de personas.

Durante el operativo encabezado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, fueron detenidas Elizabeth Reyes Melgar de 34 años de edad, originaria de Honduras, y Maribel Aguilar López originaria de México.

Tras el rescate, la joven fue trasladada a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia, en donde personal de la Fiscalía de Derechos Humanos le brindó atención integral, médica, psicológica, victimológica y jurídica, en el marco del Protocolo de Asistencia a las Víctimas y Testigos de Trata de Personas.

Durante su declaración ministerial, la menor afirmó haber sido obligada por las presuntas tratantes a trabajar jornadas de más de 12 horas, de lunes a domingo, y sin que tuviera descanso alguno.

También expuso que debía consumir bebidas alcohólicas con los clientes, cobrando 50 pesos por cada cerveza, dinero que en mayor porcentaje iba a las arcas del establecimiento.

De esta forma, la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes, a través de la agencia especializada situada en Comitán de Domínguez, inició la averiguación previa número 0013/FEDCCI-CJ05-2011, por el delito de Trata de Personas.

Actualmente, Elizabeth Reyes Melgar y Maribel Aguilar López se encuentran recluidas en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 10, a disposición del Juez del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito de Comitán de Domínguez.

Es de resaltar que, en el marco de la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, impulsada por el gobernador Juan Sabines Guerrero y aprobada por el Congreso local en el año 2009; las presuntas responsables podrían alcanzar una pena hasta de 18 años de prisión.

Derivado de este marco legal, en los últimos dos años la Procuraduría General de Justicia del Estado ha logrado el rescate de 137 víctimas, en su mayoría menores de edad y migrantes, y cuenta con 46 procesos penales y ocho personas sentenciadas por este delito.