Mujeres les prohiben casarse con fuereños

Gabriela Coutiño

Frontera Comalapa, Chis; 1 de febrero.- Casarse con un hombre del estado de Guerrero, le costó a Amalia Vázquez Rodríguez, que no pueda vivir con su esposo en la comunidad de donde es originaria, Bellavista del Norte, municipio de Frontera Comalapa, una de las localidades pobre de la región de la Sierra de Chiapas, y fronteriza con Guatemala.
En el ejido existe un acuerdo interno de sus habitantes que llaman “La Ley del Amor”, la cual fue adoptada 20 años atrás, y contempla la expulsión de las mujeres que contraigan matrimonio con hombres que no sean de su comunidad.

En 2006, Amalia, con otras cuatro mujeres y sus familias, fueron amenazadas para que dejaran el poblado, por lo que fueron privadas de acceso a servicios básicos como la energía eléctrica y el agua, con ello perdían también sus derechos adquiridos en la tenencia de la tierra, casa y otras propiedades, así como la expulsión de sus hijos de la escuela.

Desde entonces el caso de Amalia, y de las mujeres de Bellavista del Norte cobró notoridad. Después de más de dos años de amenazas, y a pesar de la intervención del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) los esposos de las otras mujeres que no son de la comunidad, tuvieron que abandonar sus hogares, pero Amalia y su esposo Reynaldo Rafael Valentín y su hija siguieron viviendo en el pueblo, desafiando a las autoridades ejidales.

Pero, el pasado 16 de enero la asamblea del ejido cambió de parecer, y en sesión decidió aplicar “ilegalmente el artículo 37 de su Reglamento Interno para sancionar a Amalia, por haber contraído matrimonio con Reynaldo Rafael Valentín”, denunció la Ongs Centro de Derechos de la Mujer.

La sanción para Amalia consiste en no permitirle a su esposo un indígena de Guerrero, hablante de la lengua Náhuatl, “vivir en el ejido argumentando que no es Amalia a quien sancionan sino a su esposo, acción tramposamente argumentada ya que de antemano sabemos que de esa manera se violan los derechos de Amalia a decir con quién casarse, y el derecho a tener una familia, una vida digna”, señaló la organización.

Al conocerse la decisión que tomaron las autoridades ejidales en asamblea, organizaciones no gubernamentales como el Centro de Derechos de la Mujer, solicitaron al gobierno de Chiapas que “actúe para que la discriminación sea erradicada”, con el fin de que las “familias no se vean desintegradas o confrontadas”.

El caso de Amalia, que ya es conocido, trascendió después de emigrar de su localidad Bellavista del Norte, a una entidad cercana a Estados Unidos, contrajo matrimonio con Reynaldo Rafael Valentín, originario del municipio de Eduardo Neri, en el estado de Guerrero.

Cuando retornó a su comunidad, las autoridades le negaron sus derechos agrarios y la obligaron a dejar su hogar, por haberse casado con un hombre que no era de su lugar de origen.

En la carta que el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, hizo llegar al gobernador Juan Sabines, la organización relata que “Amalia es una mujer sencilla, trabajadora, nacida en Bellavista del Norte, que desde muy joven tuvo que migrar al norte del país para conseguir dinero, y enviárselo a su madre viuda, período en el que conoció a su actual esposo con quien tiene una hija de ocho años de edad”.

La decisión de la asamblea de la comunidad, agrega la Ongs “se basa en un artículo nulo por el Tribunal Agrario de Distrito 4, que “implica una serie de conductas, actitudes e ideologías basadas en el machismo, la misoginia, la discriminación y la violencia a las mujeres”.

El Centro de Derechos de la Mujer señala que la responsabilidad recae en la Procuraduría Agraria, porque la dependencia no realizó las acciones concretas para sensibilizar a los ejidatarios en relación al respeto a los derechos de las mujeres, a pesar de que existía en 2006, una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Y agrega: “La sanción que la Asamblea impuso a Amalia, además de injusta, representa una clara violación a los derechos de las mujeres, a la constitución y a las demás normas jurídicas nacionales e internacionales que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres”.

El organismo denuncia que ha sido el presidente del comisariado ejidal Eduardo Pérez Roblero, quien ha promovido la expulsión de Amalia, además de la salida de Reynaldo Rafael Valentín y la privación de derechos ejidales de Maurilio Vázquez Hernández, cuñado de Amalia, “todo por el valor que tuvo la señora Amalia, de denunciar los hechos”.

En el texto de denuncia el Centro de Derechos de la Mujer, refiere que en Chiapas existen diversos instrumentos jurídicos” que garantizan la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y que sancionan la discriminación por cuestiones de género, origen étnico, nacionalidad.

Pero “estos no se hacen valer, y parece que tampoco interesa para los actuales gobiernos, que todo queda en palabras y papeles, y por consiguiente los famosos ‘objetivos de desarrollo del milenio’ solo representan para el Estado una forma de obtener prestigio y mal informar a la población sobre los supuestos avances hacia los derechos de las mujeres y la equidad de género”.

Así, el Centro pide al gobierno de Chiapas a que “actúe para que la discriminación sea erradicada, para que familias sobre todo indígenas campesinas, no se vean desintegradas o confrontadas”.

Urge a las autoridades “asuman su responsabilidad y dejen de privilegiar a grupos con supuesta fuerza política” y se “garantice a Amalia, a su familia y a todos los que habitan en este territorio una vida libre de violencia”.

Finamente pide que la Procuraduría Agraria asuma su responsabilidad en el asesoramiento y validación a los reglamentos ejidales que de antemano sean violatorios a los derechos de las mujeres.