Ángeles MariscalTrabajadores del empresario abarrotero Francisco Albores Guillén, quien controla el comercio en la frontera entre México y Guatemala por la zona de Comitán, denunciaron abusos laborales y despidos injustificados. Señalan que de estas acciones es cómplice la Secretaría de Trabajo estatal, ya que sus inspectores se han corrompido.
De acuerdo a la denuncia, la empresa Abarrotes San Luis, ubicada en la ciudad de Comitán de Domínguez, ha tenido constantes denuncias por maltrato y despido injustificados a sus trabajadores, a quienes les niega su liquidación.
Los trabajadores explicaron que ante esta situación hicieron una denuncia formal ante la Secretaría del Trabajo estatal, quien envió a un funcionario de nombre Marcelo, a fin de verificar las denuncias.
Sin embargo, al decir de los denunciantes, esta persona “se vendió por la minima cantidad de 3 mil 500”. Ante ello volvieron a solicitar la intervención de la Secretaría del Trabajo, quien el pasado de 24 de septiembre envió a otro inspector que entrevistó al Contador de la empresa y a varios empleados.
Estos le explicaron que carecen de vacaciones, reparto de utilidades, y tienen jornadas de 10 horas.
La enviada de la Secretaría del Trabajo les hizo saber a los empleados sus derechos, “nos hizo una encuesta por escrito donde algunos les dio unas hojas con unas preguntas y lo llenamos pero cual fue nuestra sorpresa que llego el contador y el encargado de personal el cual empezó amenazar a todos que si no hacían o decían que ya nos dieron las prestaciones, nos iban a correr”.
Por ello, según la denuncia, los empleados modificaron sus respuestas en el cuestionario, “poniendo todo a beneficio de la empresa”. Según la denuncia, el Contador de la tienda de abarrotes sobornó nuevamente a la representante de la Secretaría del Trabajo.
“Se venden por dinero ya son dos que vienen y los dos se venden. No es posible que pisoteen los derechos de los trabajadores,. Basta con checar las nóminas para darse cuenta que no se respetan los derechos de los empleados”.
Añaden que los inconformes han recibido amenazas telefónicas para que no apoyen las denuncias.
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