Fredy López Arévalo
Hola, fredy, saludos y gracias por enviarme tus notas, quiero comentarte solamente (quizá ya lo sepas) que Hernán de Jesús Orantes López, es hermanito de la "Nena" Orantes, o sea que el pobre, yo lo conozco, ni siquiera tiene idea de lo que es la política.
Ahí queda… chao.
Carlos Humberto Gallegos.
carlingallegos@hotmail.com
Como ya dije antes, Sami Gabriel David David es más de lo mismo.
Tres veces diputado federal, una vez senador, y una diputado local, ahora pretende, de nuevo, buscarla por el Distrito XII con cabecera en Tapachula.
Pero no le será fácil, primero hacerse de la candidatura, porque otro gallo, y éste sí entrón, ya le salió al paso.
Hablo de César Osvaldo Arriola Basrrera, con arraigo entre las bases priístas y presencia en los cinco municipios que integran el XII Distrito (Tapachula, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo y Suchiate).
Pero no solo eso: de obtener el registro será de manera ilegal, contra las propias reglas del PRI.
Su contrincante interno, César Osvaldo Arriola Basrrera ya lo puso contra la pared:
1).- Sami Gabriel David David no renunció a la diputación local ni a la dirigencia del Congreso del estado previo a su registro ante el PRI.
2).- Su credencial del IFE tiene registrado Acapetahua como su domicilio, lugar de residencia.
3).- César Osvaldo Arriola Basrrera es un hueso duro de roer: está dispuesto a apelar al CEN del PRI, y de ser preciso al mismísimo IFE.
4).- El ruco de Sami Gabriel David David está acostumbrado a que se la den por la vía plurinominal, y hasta donde se recuerda, cuando contendió por la gubernatura, en el 2000, perdió hasta en su municipio, Acapetahua.
En todo caso será la Comisión de Procesos Internos del PRI nacional el que decida si va o no va, y eso se sabrá hoy mismo, 30 de enero, cuando se de a conocer la lista definitiva de los candidatos del PRI a nivel nacional.
Hoy veremos y diremos, pero aún si le dan el registro sería la primera vez que se exponga al voto del electorado.
Siempre se la han dado de pluri.
No sabe lo que es la batalla electoral.
Otro obstáculo que tendrá que librar: el que el “Bony” Juan Carlos Bonifas haya encabezado la comisión de registro de candidatos, habla que detrás está José Antonio Aguilar Bodegas, su rival, su adversario, su enemigo político interno, muy, pero muy cercano, de Beatriz Paredes Rangel, la líder nacional del PRI.
***
Publicado en el periódico Milenio, en Internet.
Enviado por Florencio Madariaga Granados (no verificado) el Dom, 25/01/2009 - 21:22.
Soy Florencio Madariaga, a mi, Mariano Herrán y Pablo Salazar Mendiguchía me inventaron un desvío de fondos públicos por mil millones de pesos, me extraditaron desde España, estuve dos años en prisión de forma injusta, todo resulto falso, probé mi inocencia y hoy me encuentro en libertad, estoy ejerciendo acciones penales y civiles en contra de estas dos personas, somos 10 exservidores públicos que sumamos 72 procesos penales ganados por estas acusaciones falsas, que ganamos probando la falsedad de sus acusaciones, Mariano Herran y Pablo Salazar prostituyeron la justicia en Chiapas por largos seis años, espero que pronto la justicia se aplique en ellos, felicito al Gobernador Sabines, por combatir la impunidad.
***
Miguel Ángel Granados Chapa asumió que no abriría la boca sorprendido si un día de estos se anuncia la detención de Pablo Salazar Mendiguchía, ex gobernador de Chiapas, pero ayer no incluyó o mutiló en su PLAZA PÚBLICA parte del manifiesto del FNLS sobre la detención de Mariano Herrán Salvatti y solo reprodujo aquello donde el FNLS enjuicia al gobernador Juan Sabines Guerrero.
Miguel Ángel Granados Chapa omitió que en el mismo el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) demandó, sobre todo, procesar a Mariano Herrán Salvatti por otros delitos, no solo por peculado y asociación delictuosa por el desvío de seis millones de pesos, y exigió “fincarle responsabilidad por los múltiples abusos y violaciones de derechos humanos que se instrumentaron durante los seis años en que estuvo al frente de la fiscalía de justicia de Chiapas, así como actuar penalmente en contra del principal responsable y autor intelectual: el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía”.
De eso no dijo nada.
He aquí algunos de los párrafos que Miguel Ángel Granados Chapa “omitió” del comunicado del FNLS:
“Fuimos objeto de una feroz persecución, criminalización y represión durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía”.
“Un paso para hacer verdadera justicia sería En nuestra memoria están presentes las decenas de operativos policíacos, la persecución política que llenó las cárceles de más 200 presos políticos y de conciencia, los asesinatos selectivos, hasta llegar a la masacre de indígenas de Viejo Velasco Suárez; acciones que se ejecutaron desde la fiscalía de justicia encabezada por Herrán Salvatti, bajo las órdenes de Pablo Salazar Mendiguchía”.
Es obvio que Miguel Ángel Granados Chapa ha tomado partido, no es imparcial ni objetivo.
Pero olvida algo de suma trascendencia. El público que lo lee es un público culto, que sabrá distinguir la cargada. Pablo Salazar Mendiguchía está detrás de su pluma. Debiera viajar a Chiapas para documentar el clamor popular que propició la aprehensión de Mariano Herrán Salvatti, el pasado sábado 24 de enero en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Hay cientos de testimonios que acreditan lo que aquí asevero.
Reproduzco uno de ellos, una injusticia que debe ser reparada
Hará cosa de tres meses me enteré que un albañil que trabajaba para mi, Manuel López Pérez, se halla privado ilegalmente de su libertad desde hace seis años. La última vez que se prestó a trabajar fue el 7 de marzo del 2002, y luego ya no volví saber de él.
De la sorpresa pase al azoro: está preso de manera ilegal, acusado de delitos que él no cometió.
Puedo meter las manos al fuego, porque el día que presuntamente cometió los ilícitos que se le imputan, estuvo en mi casa, en la carretera a Chamela Km 3.5, terminando de colocar una pequeña loza de concreto.
Jamás pasó por mi mente que algo “extraño” o “extraordinario” le hubiese pasado, menos aún que durante todos estos años él estuviera privado de su libertad, primero en Cerro Hueco, luego en El Amate, y hoy en el Cereso de Tonalá.
Cuando el 8 de marzo del 2002 no se presentó a trabajar (me urgía que terminara el colado, porque el 10 de marzo celebro mi onomástico), hube de contratar a otro albañil. Supuse que Manuel López Pérez se había ido tras los pasos de su hermano, Salvador López Pérez, quien una semana antes lo había dejado a cargo de la obra, luego que le notificaron que había sido aceptado en un programa de empleo bajo contrato en Ontario, Canadá.
Aún estoy estupefacto de lo que en verdad sucedió: Manuel López Pérez fue aprehendido como chivo expiatorio y acusado de delitos que él jamás cometió.
Hace poco más de dos meses que su hermano retornó de Québec, luego de cuatro meses en Ontario, Canadá, y me puso al tanto de lo acontecido.
El día 08 de marzo del 2002, fue aprehendido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, siendo trasladado a los separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde se le tomó su declaración, sin haber sido asistido por defensor alguno, ni traductor (es tsotsil) y sin habérsele permitido realizar una llamada telefónica (con lo que yo estaría enterado de lo acontecido), violándosele derechos constitucionales.
Solo tuve que introducir su nombre en el Google para saber el resto de la historia.
Manuel López Pérez aparece en la integración de la Averiguación Previa 88/2002, donde se consignaron a quienes, supuestamente participaron ese día 07 siete de marzo del 2002, en los disturbios que se generaron luego de un operativo policiaco (a eso de las 7 pm) contra expendedores de discos y cassetes piratas. La turba enardecida de vendedores ambulantes respondió de manera violenta. Yo mismo cubrí el operativo, aunque lamento no hallar la nota periodística que ese mismo día elaboré (cuando yo redactaba la noticia de lo acontecido, el pobre Manuel López Pérez seguía trabajando en mi casa: hacia doble jornada para concluir la obra antes de mi cumpleaños).
Según recuerdo, entre 250 o 300 vendedores de discos piratas armados con palos, piedras, y bombas molotov quemaron carros e incendiaron, luego de saquear, Granda, la tienda de Sixto González, y se adentraron más hacia el centro, destruyendo y saqueando negocios legalmente establecidos, Electra incluido, de donde extrajeron aparatos electrodomésticos, repeliendo el operativo policiaco.
Según recuerdo, la policía logró detener a las personas que se encontraban al frente de la enardecida turba de vendedores de discos pirata: PORFIRIO SÁNTIZ LUNES, JUAN LÓPEZ GÓMEZ Y MANUEL COLLAZO PÉRE, quienes incitaban a la gente a lanzar piedras, palos, así como a quebrar cristales, a incendiar y a saquear comercios.
Lo que halle en el Google fue una recomendación del licenciado Pedro Raúl López Hernández, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, en la que se deja en claro que a Manuel López Pérez (mi albañil) y a otros inculpados más, el único que elevo su queja a ese organismo fue Porfirio Sántiz Lunes “(…) en ningún momento hubo alguien que lo sindicara como responsable de algún delito, o que se le viniera persiguiendo por la Policía para detenerlo, ni mucho menos se le encontró en esos momentos alguna cosa robada de algún negocio quemado o asaltado el día anterior”, y que si la Averiguación Previa 88/202 se hubiera integrado conforme a derecho, la autoridad ministerial al dictar su determinación hubiera dejado en libertad, a quienes como Manuel López Pérez, fueron privados de su libertad un díoa después del motín callejero, ya que no existieron elementos constitutivos de probable responsabilidad en los hechos que se les imputaron.
Por todo ello, Pedro Raúl López Hernández, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas recomendó al ciudadano licenciado Mariano Herrán Salvatti, Procurador General de Justicia del Estado, que en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Chiapas, dé vista a la Contraloría General del Estado, para que de acuerdo a sus facultades inicie procedimiento administrativo de investigación en contra de los ciudadanos Deudiel Gutiérrez de los Santos, agente del Ministerio Público titular del primer turno del Centro Administrativo de Justicia número Cuatro especializado con detenidos; licenciado Luis Armando Flores Sánchez, Agente del Ministerio Público del segundo turno del Centro Administrativo de Justicia número Cuatro especializado en Detenidos; y Álvaro Hernández Gómez, elemento de la Agencia Estatal de Investigación de esa Procuraduría, involucrados en la detención y consignación arbitrarias del ciudadano Porfirio Sántiz Lunes, respectivamente; por haber detenido ilegalmente al agraviado y quejoso pretendiendo sustentarse en la flagrancia. Y una vez integrado el expediente correspondiente, se les impongan las sanciones a que se hayan hecho acreedores.
Y que por tanto, de ser atendida la recomendación de “restablecer al quejoso y agraviado ciudadano Porfirio Sántiz Lunes, en el goce de sus derechos humanos afectados; se promueva su libertad a través del procedimiento que fija la Ley de Libertad con Sentencia Suspendida, publicada en el Periódico Oficial del Estado N° 296, de fecha 4 de febrero de 1994, la cual señala en la exposición de motivos "que resulta necesario encontrar soluciones y mecanismos para que la prisión no se convierta en un instrumento de represión sino en un sistema de readaptación", idea que corrobora aquel aforismo jurídico que dice que "es preferible un delincuente en la calle y no un inocente en la cárcel." Además de que, se proceda a indemnizarlo, a cargo del presupuesto de esa Procuraduría, de conformidad con lo dispuesto en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la O.N.U. el 29 de noviembre de 1985; así como la Ley para la Protección a Víctimas del Delito en el Estado de Chiapas, al haber sido víctima de una falsa acusación y detención arbitraria, por parte del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, respectivamente, como quedó acreditado en el capítulo de Observaciones de esta Recomendación”.
Lo más grave de todo, es que todos los inculpados –incluidos los que fueron aprehendidos en fragancia recuperaron ya su libertad, y Manuel López Pérez, sin deberla ni temerla, sigue privado de su libertad, ya que al no pertenecer a ninguna organización social que lo reclame, no ha sido tomado en cuenta en los procesos de liberación anticipada ni por el Frayba, que asumió la defensa de los inculpados, y sí en cambio fue trasladado al Cereso de Tonala, por haberse sumado a la huelga de habre que por su liberación iniciaron en El Amate los reclamados por el Frayba.
Hola, fredy, saludos y gracias por enviarme tus notas, quiero comentarte solamente (quizá ya lo sepas) que Hernán de Jesús Orantes López, es hermanito de la "Nena" Orantes, o sea que el pobre, yo lo conozco, ni siquiera tiene idea de lo que es la política.
Ahí queda… chao.
Carlos Humberto Gallegos.
carlingallegos@hotmail.com
Como ya dije antes, Sami Gabriel David David es más de lo mismo.
Tres veces diputado federal, una vez senador, y una diputado local, ahora pretende, de nuevo, buscarla por el Distrito XII con cabecera en Tapachula.
Pero no le será fácil, primero hacerse de la candidatura, porque otro gallo, y éste sí entrón, ya le salió al paso.
Hablo de César Osvaldo Arriola Basrrera, con arraigo entre las bases priístas y presencia en los cinco municipios que integran el XII Distrito (Tapachula, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo y Suchiate).
Pero no solo eso: de obtener el registro será de manera ilegal, contra las propias reglas del PRI.
Su contrincante interno, César Osvaldo Arriola Basrrera ya lo puso contra la pared:
1).- Sami Gabriel David David no renunció a la diputación local ni a la dirigencia del Congreso del estado previo a su registro ante el PRI.
2).- Su credencial del IFE tiene registrado Acapetahua como su domicilio, lugar de residencia.
3).- César Osvaldo Arriola Basrrera es un hueso duro de roer: está dispuesto a apelar al CEN del PRI, y de ser preciso al mismísimo IFE.
4).- El ruco de Sami Gabriel David David está acostumbrado a que se la den por la vía plurinominal, y hasta donde se recuerda, cuando contendió por la gubernatura, en el 2000, perdió hasta en su municipio, Acapetahua.
En todo caso será la Comisión de Procesos Internos del PRI nacional el que decida si va o no va, y eso se sabrá hoy mismo, 30 de enero, cuando se de a conocer la lista definitiva de los candidatos del PRI a nivel nacional.
Hoy veremos y diremos, pero aún si le dan el registro sería la primera vez que se exponga al voto del electorado.
Siempre se la han dado de pluri.
No sabe lo que es la batalla electoral.
Otro obstáculo que tendrá que librar: el que el “Bony” Juan Carlos Bonifas haya encabezado la comisión de registro de candidatos, habla que detrás está José Antonio Aguilar Bodegas, su rival, su adversario, su enemigo político interno, muy, pero muy cercano, de Beatriz Paredes Rangel, la líder nacional del PRI.
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Publicado en el periódico Milenio, en Internet.
Enviado por Florencio Madariaga Granados (no verificado) el Dom, 25/01/2009 - 21:22.
Soy Florencio Madariaga, a mi, Mariano Herrán y Pablo Salazar Mendiguchía me inventaron un desvío de fondos públicos por mil millones de pesos, me extraditaron desde España, estuve dos años en prisión de forma injusta, todo resulto falso, probé mi inocencia y hoy me encuentro en libertad, estoy ejerciendo acciones penales y civiles en contra de estas dos personas, somos 10 exservidores públicos que sumamos 72 procesos penales ganados por estas acusaciones falsas, que ganamos probando la falsedad de sus acusaciones, Mariano Herran y Pablo Salazar prostituyeron la justicia en Chiapas por largos seis años, espero que pronto la justicia se aplique en ellos, felicito al Gobernador Sabines, por combatir la impunidad.
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Miguel Ángel Granados Chapa asumió que no abriría la boca sorprendido si un día de estos se anuncia la detención de Pablo Salazar Mendiguchía, ex gobernador de Chiapas, pero ayer no incluyó o mutiló en su PLAZA PÚBLICA parte del manifiesto del FNLS sobre la detención de Mariano Herrán Salvatti y solo reprodujo aquello donde el FNLS enjuicia al gobernador Juan Sabines Guerrero.
Miguel Ángel Granados Chapa omitió que en el mismo el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) demandó, sobre todo, procesar a Mariano Herrán Salvatti por otros delitos, no solo por peculado y asociación delictuosa por el desvío de seis millones de pesos, y exigió “fincarle responsabilidad por los múltiples abusos y violaciones de derechos humanos que se instrumentaron durante los seis años en que estuvo al frente de la fiscalía de justicia de Chiapas, así como actuar penalmente en contra del principal responsable y autor intelectual: el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía”.
De eso no dijo nada.
He aquí algunos de los párrafos que Miguel Ángel Granados Chapa “omitió” del comunicado del FNLS:
“Fuimos objeto de una feroz persecución, criminalización y represión durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía”.
“Un paso para hacer verdadera justicia sería En nuestra memoria están presentes las decenas de operativos policíacos, la persecución política que llenó las cárceles de más 200 presos políticos y de conciencia, los asesinatos selectivos, hasta llegar a la masacre de indígenas de Viejo Velasco Suárez; acciones que se ejecutaron desde la fiscalía de justicia encabezada por Herrán Salvatti, bajo las órdenes de Pablo Salazar Mendiguchía”.
Es obvio que Miguel Ángel Granados Chapa ha tomado partido, no es imparcial ni objetivo.
Pero olvida algo de suma trascendencia. El público que lo lee es un público culto, que sabrá distinguir la cargada. Pablo Salazar Mendiguchía está detrás de su pluma. Debiera viajar a Chiapas para documentar el clamor popular que propició la aprehensión de Mariano Herrán Salvatti, el pasado sábado 24 de enero en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Hay cientos de testimonios que acreditan lo que aquí asevero.
Reproduzco uno de ellos, una injusticia que debe ser reparada
Hará cosa de tres meses me enteré que un albañil que trabajaba para mi, Manuel López Pérez, se halla privado ilegalmente de su libertad desde hace seis años. La última vez que se prestó a trabajar fue el 7 de marzo del 2002, y luego ya no volví saber de él.
De la sorpresa pase al azoro: está preso de manera ilegal, acusado de delitos que él no cometió.
Puedo meter las manos al fuego, porque el día que presuntamente cometió los ilícitos que se le imputan, estuvo en mi casa, en la carretera a Chamela Km 3.5, terminando de colocar una pequeña loza de concreto.
Jamás pasó por mi mente que algo “extraño” o “extraordinario” le hubiese pasado, menos aún que durante todos estos años él estuviera privado de su libertad, primero en Cerro Hueco, luego en El Amate, y hoy en el Cereso de Tonalá.
Cuando el 8 de marzo del 2002 no se presentó a trabajar (me urgía que terminara el colado, porque el 10 de marzo celebro mi onomástico), hube de contratar a otro albañil. Supuse que Manuel López Pérez se había ido tras los pasos de su hermano, Salvador López Pérez, quien una semana antes lo había dejado a cargo de la obra, luego que le notificaron que había sido aceptado en un programa de empleo bajo contrato en Ontario, Canadá.
Aún estoy estupefacto de lo que en verdad sucedió: Manuel López Pérez fue aprehendido como chivo expiatorio y acusado de delitos que él jamás cometió.
Hace poco más de dos meses que su hermano retornó de Québec, luego de cuatro meses en Ontario, Canadá, y me puso al tanto de lo acontecido.
El día 08 de marzo del 2002, fue aprehendido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, siendo trasladado a los separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde se le tomó su declaración, sin haber sido asistido por defensor alguno, ni traductor (es tsotsil) y sin habérsele permitido realizar una llamada telefónica (con lo que yo estaría enterado de lo acontecido), violándosele derechos constitucionales.
Solo tuve que introducir su nombre en el Google para saber el resto de la historia.
Manuel López Pérez aparece en la integración de la Averiguación Previa 88/2002, donde se consignaron a quienes, supuestamente participaron ese día 07 siete de marzo del 2002, en los disturbios que se generaron luego de un operativo policiaco (a eso de las 7 pm) contra expendedores de discos y cassetes piratas. La turba enardecida de vendedores ambulantes respondió de manera violenta. Yo mismo cubrí el operativo, aunque lamento no hallar la nota periodística que ese mismo día elaboré (cuando yo redactaba la noticia de lo acontecido, el pobre Manuel López Pérez seguía trabajando en mi casa: hacia doble jornada para concluir la obra antes de mi cumpleaños).
Según recuerdo, entre 250 o 300 vendedores de discos piratas armados con palos, piedras, y bombas molotov quemaron carros e incendiaron, luego de saquear, Granda, la tienda de Sixto González, y se adentraron más hacia el centro, destruyendo y saqueando negocios legalmente establecidos, Electra incluido, de donde extrajeron aparatos electrodomésticos, repeliendo el operativo policiaco.
Según recuerdo, la policía logró detener a las personas que se encontraban al frente de la enardecida turba de vendedores de discos pirata: PORFIRIO SÁNTIZ LUNES, JUAN LÓPEZ GÓMEZ Y MANUEL COLLAZO PÉRE, quienes incitaban a la gente a lanzar piedras, palos, así como a quebrar cristales, a incendiar y a saquear comercios.
Lo que halle en el Google fue una recomendación del licenciado Pedro Raúl López Hernández, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, en la que se deja en claro que a Manuel López Pérez (mi albañil) y a otros inculpados más, el único que elevo su queja a ese organismo fue Porfirio Sántiz Lunes “(…) en ningún momento hubo alguien que lo sindicara como responsable de algún delito, o que se le viniera persiguiendo por la Policía para detenerlo, ni mucho menos se le encontró en esos momentos alguna cosa robada de algún negocio quemado o asaltado el día anterior”, y que si la Averiguación Previa 88/202 se hubiera integrado conforme a derecho, la autoridad ministerial al dictar su determinación hubiera dejado en libertad, a quienes como Manuel López Pérez, fueron privados de su libertad un díoa después del motín callejero, ya que no existieron elementos constitutivos de probable responsabilidad en los hechos que se les imputaron.
Por todo ello, Pedro Raúl López Hernández, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas recomendó al ciudadano licenciado Mariano Herrán Salvatti, Procurador General de Justicia del Estado, que en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Chiapas, dé vista a la Contraloría General del Estado, para que de acuerdo a sus facultades inicie procedimiento administrativo de investigación en contra de los ciudadanos Deudiel Gutiérrez de los Santos, agente del Ministerio Público titular del primer turno del Centro Administrativo de Justicia número Cuatro especializado con detenidos; licenciado Luis Armando Flores Sánchez, Agente del Ministerio Público del segundo turno del Centro Administrativo de Justicia número Cuatro especializado en Detenidos; y Álvaro Hernández Gómez, elemento de la Agencia Estatal de Investigación de esa Procuraduría, involucrados en la detención y consignación arbitrarias del ciudadano Porfirio Sántiz Lunes, respectivamente; por haber detenido ilegalmente al agraviado y quejoso pretendiendo sustentarse en la flagrancia. Y una vez integrado el expediente correspondiente, se les impongan las sanciones a que se hayan hecho acreedores.
Y que por tanto, de ser atendida la recomendación de “restablecer al quejoso y agraviado ciudadano Porfirio Sántiz Lunes, en el goce de sus derechos humanos afectados; se promueva su libertad a través del procedimiento que fija la Ley de Libertad con Sentencia Suspendida, publicada en el Periódico Oficial del Estado N° 296, de fecha 4 de febrero de 1994, la cual señala en la exposición de motivos "que resulta necesario encontrar soluciones y mecanismos para que la prisión no se convierta en un instrumento de represión sino en un sistema de readaptación", idea que corrobora aquel aforismo jurídico que dice que "es preferible un delincuente en la calle y no un inocente en la cárcel." Además de que, se proceda a indemnizarlo, a cargo del presupuesto de esa Procuraduría, de conformidad con lo dispuesto en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la O.N.U. el 29 de noviembre de 1985; así como la Ley para la Protección a Víctimas del Delito en el Estado de Chiapas, al haber sido víctima de una falsa acusación y detención arbitraria, por parte del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, respectivamente, como quedó acreditado en el capítulo de Observaciones de esta Recomendación”.
Lo más grave de todo, es que todos los inculpados –incluidos los que fueron aprehendidos en fragancia recuperaron ya su libertad, y Manuel López Pérez, sin deberla ni temerla, sigue privado de su libertad, ya que al no pertenecer a ninguna organización social que lo reclame, no ha sido tomado en cuenta en los procesos de liberación anticipada ni por el Frayba, que asumió la defensa de los inculpados, y sí en cambio fue trasladado al Cereso de Tonala, por haberse sumado a la huelga de habre que por su liberación iniciaron en El Amate los reclamados por el Frayba.
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